La crisis de los años 2001 y 2002 ha tenido como derivación un conjunto de pleitos contra el Estado argentino ante tribunales extranjeros, fruto de cláusulas de competencia oportunamente conformadas por los representantes del país.
Algunos de estos conflictos desalientan inversiones externas, otros exponen flaquezas en las previsiones contractuales; hay causas originadas en necesidades imperiosas y habría también situaciones de abusos en las pretensiones de las demandantes, pero en todos los casos se requiere la mejor defensa de los intereses nacionales.
El reciente canje de bonos de la deuda externa en default no ha logrado cerrar el frente judicial externo originado en este traumático capítulo de la crisis argentina.
Tampoco han cesado los pleitos abiertos en el Tribunal Arbitral Internacional (CIADI), en el cual en días pasado se ha conocido una resolución definitiva en favor del país y en contra de accionistas de Transportadora gas del Sur, y otra decisión, apelable, en contra del Estado y en favor de las empresas privadas que tenían la concesión de Aguas Argentinas y Aguas de Santa Fe, ya que se les habría privado a la inversión de "un trato justo y equitativo".
Este cuadro plantea la necesidad de una mayor solvencia técnica por parte de los representantes argentinos para preservar los recursos estatales, evitar medidas que abren puertas a demandas y, también, adoptar medidas para cerrar fuentes de conflictividad ya planteadas, a fin de generar seguridad jurídica para la inversión.
El Estado afronta numerosos pleitos en tribunales extranjeros, que desalientan inversiones externas. Es necesario cerrar fuentes de conflictividad para generar seguridad jurídica.