Hoy se cumplen dos años de la firma del Convenio Marco sobre aprovechamientos del río Atuel que firmaran los gobernadores de Mendoza y La Pampa, y avalara la Presidenta de la Nación. Las consideraciones que se puedan hacer sobre el mismo después de transcurridos veinticuatro meses suenan a necrológicas, porque hoy el convenio está muerto.
Se argumentará en contrario de aquella apreciación que el fracaso se debió a la negativa parlamentaria mendocina, o a la presión de los regantes, o al Departamento de Irrigación (un Estado dentro del Estado) pero conviene tener presente que, desde sus primeros saqueos a nuestras aguas, no son excusas y argumentos lo que le han faltado a Mendoza para incumplir lo pactado o lo debido.
Cuando se dio a conocer el documento -que había sido gestado en el más absoluto secreto y con una redacción favorable a Mendoza- el gobierno provincial, demostró una soberbia digna de mejor causa, que se sintetizó en la absurda manifestación de que "no hay que irritar a Mendoza". Por lo tanto hizo oídos sordos no sólo a calificadas expresiones de discrepancia (algunos colegios profesionales, la Fundación Chadileuvú o docentes de la UNLPam.) sino también a su propia experiencia en tratativas con la provincia cuyana; esas tratativas siempre mostraron aprontes pero, a la hora de los hechos, registraron una indiferencia, inacción o incumplimiento total por parte de Mendoza. A la actitud del Poder Ejecutivo provincial se le agregó la de la Cámara de Diputados en su parte oficialista la que, dócil y obediente a las directivas políticas, votó el convenio sin aceptar la más mínima modificación en resguardo de los intereses de La Pampa. A esa postura legislativa se agregó, al pasar el tiempo y no haber resultados, un ingenuo pedido de solidaridad interparlamentaria a sus colegas cuyanos, como si ese sentimiento fuera el motor que hace mover los convenios. Los resultados de esa actitud están a la vista.
Pero el aniversario sirve de referencia, también, a hechos puntuales que demuestran la mala fe mendocina y el candor del gobierno pampeano. Según lo que dice la Cláusula Sexta del acuerdo, tentativamente, el cronograma de ejecución de las obras se enmarcaba en un plazo total de cuatro años; promediando ese plazo -es decir: a los dos años, que se cumplen hoy- estarían iniciándose las obras relacionadas con la entrega de agua a La Pampa, el canal Carmensa-La Puntilla entre ellas. Los resultados están a la vista: ni un apresto de concreción de lo firmado, a lo que se agrega un trascendido de una alta autoridad cuyana aseverando con una reserva no exenta de desparpajo, que no van a cumplir el convenio. A eso se suma, casi como una burla, el ofrecimiento de entrega de aguas de calidad inferior y que nada tienen que ver con las que contempla el tratado. Con su silencio el gobierno provincial parece estar avalando aquello de "quien calla otorga". Sería bueno que meditara que, si La Pampa acepta ese desecho hídrico estará dando a Mendoza herramientas legales muy importantes, por ejemplo, para que den por cumplida la entrega de aguas que especifica el tratado.
Después de haber marchado ingenuamente detrás de la zanahoria, las autoridades pampeanas empiezan a sentir el rigor del palo mendocino, en un hecho previsible y que no quisieron escuchar cuando se las advirtió. El problema del Atuel aparece ahora como peor que antes del acuerdo porque, en la letra al menos, La Pampa aparece consintiendo inversiones nacionales -y propias- con vistas a mejorar la red de riego mendocina a cambio de un agua que, de acuerdo a la actitud y a declaraciones cuyanas, no van a entregar.
Es tiempo de pensar qué hacer ahora. Quizás, a la vista de su error, el gobierno considere la posibilidad de abordar la cuestión hídrica como una política de Estado, algo que se le viene reclamando desde hace mucho tiempo y a lo que ha hecho oídos sordos. En lo inmediato, por lo menos podría reclamar ante la Presidenta, cuya firma en el convenio pretendía ser una muestra de aval conciliatorio y, dadas las circunstancias, va camino de convertirse en un papelón político.