Esta semana, organizaciones ambientalistas acusaron a la Unión Industrial Argentina (UIA) de no colaborar con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, luego de que la entidad y sus integrantes criticaron los controles que el denominado Cuerpo Colegiado lleva adelante en la zona. Desde el Foro Hídrico de Almirante Brown se sumaron a los dichos, y aseguraron que están “preocupados por el asunto”. La entidad volvió a reclamar por mesas de trabajo municipales para buscar soluciones consensuadas al tema ambiental.
“A nuestro Foro también nos preocupa el asunto y adherimos a la nota enviada por Greenpeace a los industriales reprochando su falta de voluntad en el saneamiento”, le dijo a Diario del Sur Juan Vegué, delegado de la entidad ambiental local. Con respecto a los argumentos que puedan exhibir desde la UIA, Vegué argumentó que “cualquier emprendimiento en la Argentina que origine algún tipo de contaminación por aire, tierra o agua, deberán comprender que antes que cualquier objetivo económico está la propia vida de los ciudadanos y sus elementos esenciales e imprescindibles para sustentarla. Claramente nos referimos al agua potable, el aire y la tierra libre de agentes contaminantes”.
“Los ciudadanos argentinos no sólo somos impactados por la falta de voluntad de los industriales, sino lo que es más grave la falta de voluntad política del Estado y sus funcionarios actuales, quienes hoy responden por todo el paquete de responsabilidades pasadas, presentes y futuras en representación del pueblo y con la sagrada misión de hacer respetar la Constitución nacional”, aseguró Vegué.
Cabe recordar que el lunes pasado, Greenpeace, que forma parte del Cuerpo Colegiado, expresó su decepción “ante la falta de colaboración en el proceso de saneamiento del Riachuelo por parte de la UIA, entidad que reúne a uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo, así como su disconformidad con las manifestaciones vertidas por los industriales”. Este cuerpo está coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y conformado por cinco ONG: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Greenpeace Argentina.
En este sentido, Vegué se sumó a las palabras críticas: “No podemos dejar sin mencionar la importante y sistemática falta de cumplimiento de las obligaciones de funcionarios en materia de control ambiental y más grave aun la falta de respeto, desde el Estado argentino en todos sus niveles, al recientemente reconocido derecho ciudadano y humano al agua potable y el saneamiento”.
Además, el referente del Foro Hídrico de Almirante Brown insistió con la propuesta de la entidad de crear “mesas de trabajo regulares entre el Estado, los industriales y representantes ciudadanos, donde podamos iniciar conjuntamente un plan estratégico para romper con este conflicto de derechos donde todos tienen razón, pero el único que paga es el ciudadano y en muchos casos lo hace con su vida, violado en su derecho humano (reconocido y declarado) al agua potable segura, la red de cloacas y las plantas de tratamiento”.
Uno de los argumentos de los industriales para trabar los controles se basa en autorizaciones anteriores a la creación del Cuerpo Colegiado para instalarse en la zona de la cuenca, hoy revisadas por esta entidad. En este sentido, Greenpeace informó a este medio que “la Constitución Nacional Argentina incorpora el Derecho Ambiental que privilegia el bienestar general y el interés colectivo por sobre las necesidades meramente individuales”. Por eso, “sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la justicia, cuando, justamente, ha sido la máxima autoridad judicial de la Nación la que ha tenido que intervenir en la grave situación de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
La entidad ambientalista advirtió que un reciente estudio realizado en conjunto con organismos de las Naciones Unidas sobre los efectos de la contaminación ambiental en la niñez demuestra que “de los 12 millones de niños y adolescentes de nuestro país, alrededor de cinco millones (40 por ciento) residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial”.

Encuentro con industrias locales
Con la visita de técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), esta semana se realizó un encuentro con el objetivo de empadronar y re-categorizar las industrias de la Cuenca Matanza-Riachuelo del distrito. En la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, los industriales locales recibieron asesoramiento, mientras que el personal de la UTN realizó la presentación del sistema integral de inscripción.
Sobre este encuentro, el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio, Máximo Lanzetta, destacó “el compromiso empresarial del distrito en el cuidado del ambiente”. Además, el funcionario le dijo a Diario del Sur que “para empadronarse existe un plazo que expira a fines de septiembre. La idea es llegar a todas las empresas, aun a las que no se percibe como potencialmente contaminantes”.
Por su parte, los delegados de la UTN diagramaron los objetivos generales, funcionalidades y explicaron cómo llenar los correspondientes formularios. Según afirmaron las autoridades, aquellas industrias que tengan estándares ambientales inadecuados tienen que presentar un programa de reconversión industrial y una propuesta de cómo cada una, de acuerdo con sus posibilidades, resolverá el problema detectado.
Cabe recordar que el empadronamiento se realiza a través de la página de Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) —www.acumar.gov.ar—, en tanto quienes tengan dudas pueden efectuar consultas personalizadas en la sede de la Comisión Mixta del Parque Industrial de Burzaco (Luis María Drago 2001).