“El partido no terminó, vamos perdiendo por poco, yo diría 2 a 0, pero está claro que vamos a descontar...Y tenemos que pensar que estábamos para sufrir una goleada”, describe el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, que acepta un pedido injusto: explicar al común de los lectores cómo ha sido el pronunciamiento del Ciadi sobre lo ocurrido con la privatización de la Dipos, de 1995.
El fiscal está dispuesto a comparar con el fútbol un escrito jurídico extenso y complejo (un pdf de más de 100 páginas), pero no a que los periodistas llamen fallo a un “dictamen de responsabilidad”. Y agrega: “tampoco es un laudo”.
Describe con pelos y señales (fechas, documentos y líneas de análisis) las etapas del juicio que los santafesinos miraron asombrados cuando comenzó el principio del fin de la fracasada concesión: un reclamo por 300 millones de dólares (contra la Argentina, por lo ocurrido en Santa Fe). El juicio comenzó poco después de que definitivamente se terminaran los ‘90, cuando la Convertibilidad se derrumbó.
Era una situación compleja: mientras, el servicio de agua potable y cloacas seguía a cargo de los demandantes contra la Argentina. Los santafesinos aprendieron a seguir con atención lo que ocurría en torno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Argentina había declarado el default de su deuda y el Ciadi denegó a nuestro país el derecho a resolver los problemas contractuales santafesinos en tribunales locales.
Barraguirre cree que el 0-2 en contra se puede descontar porque ya se ha logrado que -al menos- se reconozcan fueros provinciales con respecto al momento de finalización del contrato. (Durante el gobierno de Jorge Obeid, en 2006, fue creada Aguas Santafesinas SA en reemplazo de Aguas Provinciales SA, que lideraba Suez).

Optimista
Jorge Barraguirre cree que hay “razones para ser optimistas” porque “los considerandos”, no las conclusiones, “permiten ver la línea jurídica por la que ha razonado el tribunal, y por cómo se han limitado las pretensiones de Suez”.
“No hay que olvidarse qué pretendía el demandante: 300 millones de dólares y ya se ve que ahora está peleando por 100 o por 150, algo quiere decir... E incluso, en esta nueva etapa -lo que nos queda del partido- estoy seguro que no va a ser lo mismo pagar 10 que 100 ó 150 millones”.
“Es un tema muy complejo y estas reducciones no siempre son fieles”, advierte el fiscal. “Puedo transmitir mi sensación: yo perdí, siento que como ex abogado de la Procuración de la Nación hemos perdido”, dice respecto de la conclusión del Ciadi, que indica que Santa Fe “ha privado a las inversiones de las demandantes (Suez y sus socios españoles) de un tratamiento justo y equitativo”, desde 2002 hasta 2005, durante los gobiernos de Carlos Reutemann y de Jorge Obeid, cuando se congelaron tarifas (como en el resto del país).
“También veo que hay motivos para ponernos contentos porque el tema no ha terminado, y porque cuando comenzó nos decían que nos iban a pasar como alambre caído, que íbamos a tener una tarde negra, un 0-4 como con Alemania... Y la verdad no resultó ser así. Ellos iban por lo máximo: reclamaron por la rescisión del contrato, y el Tribunal les dijo no, aquí sólo discutimos la revisión tarifaria. Iban para que el tribunal internacional los proteja sobre toda la vigencia del contrato”, compara Barraguirre y agrega: “Es la primera vez que en concesiones de servicios públicos del Estado se toman en cuenta posiciones argentinas sobre jurisdicción”.

“Éramos feos, sucios y malos”
“La política jurídica en materia de inversiones tiene un cuadro distinto”, dice el fiscal Jorge Barraguirre y deja el traje de director técnico que El Litoral le había puesto. Opta por acudir a la magnífica película de Etore Scola, con Nino Manfredi, que desmitifica la pobreza.
“Cuando llegamos en 2003 a Washington -recuerda el ex director de Asuntos Internacionales de la Procuraduría- los argentinos éramos feos, sucios y malos. Hoy es distinta la consideración de los Tribunales porque la crisis golpeó las puertas del mundo desarrollado, y no se piensa que los argentinos eran quienes violaban contratos alegremente.... Ahora, Estados Unidos, Europa, ven que caen sus bancos y que no saben qué hacer. Por eso ahora nos ven con otros ojos”.
El Ciadi ha entendido que “no puede resolver los problemas de un contrato, debe expedirse sobre el cumplimiento o no de los tratados bilaterales, del cumplimiento o no del derecho internacional, y creo que ahora los miembros del tribunal comienzan a advertir que Suez les llevó un contrato. Creo que éste es un caso para citarlo: lo van a hacer todos los países demandados”.

Garantías
Antes de que concluyera el vínculo entre Santa Fe y Suez, el gobierno de Jorge Obeid tomó una decisión fuerte: imponer una cautela sobre las garantías de 60 millones de pesos (antes aceptó que no fueran dólares) mientras el prestador amenazaba con dejar la concesión. Ahora, el Ciadi -al negarle al grupo francés que hubo una expropiación- deja la discusión sobre la legalidad de esa medida a los tribunales locales.