Las últimas y contradictorias declaraciones que se le atribuyen al canciller Héctor Timerman sobre un eventual cierre de Botnia-UPM si contaminara, así como las evidentes resistencias que sigue despertando entre los piqueteros de Gualeguaychú el acuerdo entre Uruguay y Argentina sobre el monitoreo del río, demuestran las dificultades que este tema sigue arrastrando.
Cuando los presidentes José Mujica y Cristina Fernández suscribieron en Buenos Aires el acuerdo, dieron un enorme paso para terminar con el largo conflicto bilateral. Se aseguró entonces que el conflicto había quedado atrás: esa es sin duda la óptica de los gobiernos, pero sin embargo faltaba un dato relevante para dar el asunto como totalmente concluido: la reacción de los ambientalistas. Y esta sigue siendo en parte muy negativa.
Seguramente no podía esperarse otra cosa, luego de años de posturas cada vez más intransigentes. Tampoco hubiera resultado racional esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el conflicto había sido usado políticamente y fogoneado desde la Casa Rosada. Y no hubiera sido lógico aguardar otra cosa, considerando todos los intereses que existen detrás de la movilización piquetera.
Pero, claro está, hoy las condiciones políticas son realmente otras y las posturas más radicales parecen aisladas. Al respecto el gobierno de Cristina Kirchner dio una señal muy importante con el inicio de los juicios a los principales líderes piqueteros.
El acuerdo entre los dos países no resultó nada fácil: los negociadores uruguayos se plantaron con firmeza frente a una postura argentina que procuraba un control irrestricto de la planta y que de hecho amenazaba con dejar congelados todos los demás temas pendientes entre los dos países.
Parece claro que en materia de política internacional -así como en otros ámbitos- las relaciones personales resultan fundamentales. Así ocurrió en esta ocasión con los presidentes del Plata, como pasó con otros mandatarios en los últimos 25 años. En ese sentido, Mujica había otorgado un cheque en blanco al retirar el veto a Néstor Kirchner en la Unasur. Y la presidenta terminó pagándole la confianza.
El acuerdo recibió el respaldo unánime y explícito de todos los partidos uruguayos que en general sostuvieron durante estos años una postura monolítica. Esa posición conjunta fue, precisamente, una de las condiciones que permitió a los gobiernos de Vázquez y Mujica plantarse con firmeza.
Pero también incidieron otros factores, como el desgaste que significó la falta de avances durante los años anteriores. Y sobre todo, el fallo de La Haya, un elemento que en lo sustancial fortaleció la postura uruguaya.
También, el hecho de que al gobierno argentino le resulta necesario ir despejando el camino hacia el año electoral de 2011, en un marco complejo y con abundantes problemas. Habrá que ver qué ocurre con el puente en el futuro. Y para ello es necesario que todos reciban señales claras y no existan discursos dobles, uno ante los piqueteros, y otro para el resto de la gente.