El proyecto de Resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que declara al “Agua como un Derecho Humano” sería contrario a los intereses nacionales, porque incluso afectaría a las negociaciones sobre el pago de Chile por el uso de las aguas del Silala, según el análisis y la advertencia realizada ayer por el diputado Franz Choque, de Convergencia Nacional. La noticia sobre la decisión de la ONU fue difundida el 6 de agosto por el presidente Evo Morales durante sus dos intervenciones públicas.
A un año de conocerse el preacuerdo de Quetena, referido a las negociaciones de las aguas del manantial Silala, no se avanzó en el cobro a Chile por el uso de este recurso hídrico que tiene su origen en bofedales del departamento de Potosí.
El 9 de agosto de 2009, las cancillerías de Bolivia y Chile hicieron conocer las bases de un preacuerdo inicial sobre las negociaciones referidas al uso y formas de pago de las aguas bolivianas. El punto 13 del documento, señala:
“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua determinará el valor por metro cúbico que percibirá el Estado Plurinacional de Bolivia a título de compensación en función de volumen transferido (...)”
A la falta de avances favorables a los intereses bolivianos sobre las aguas del Silala, se suma el hecho de haberse declarado mediante una Resolución Internacional que el agua es un Derecho Humano, por iniciativa del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Resolución aprobada el 28 de julio, por iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, declara al agua potable segura y al saneamiento “como un derecho humano que es esencial para el goce pleno de la vida”.
Asimismo, la Asamblea General de la ONU: “Llama a los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para poder aumentar los esfuerzos para suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos”.

MALA JUGADA
En criterio del legislador, esta es una “mala jugada” de la Cancillería del Estado, porque ha abierto la posibilidad de que Chile recurra a esta Resolución para argumentar la necesidad de las regiones del Norte de ese país de contar con el suministro del agua que llega desde el manantial del Silala.
“Esta es otra muestra de cómo la Cancillería maneja las demandas históricas del país. En principio la declaración del agua como un Derecho Humano parece importante, pero se olvidan que existe un conflicto de recursos hídricos con Chile, por lo que ahora tienen un argumento a nivel de la ONU para continuar utilizando este recurso natural”, dijo.
Al ser un Derecho Humano, que el mismo presidente Evo Morales argumenta como “no comercial”, el país sólo podría percibir recursos mínimos por parte de Chile por concepto del servicio prestado, lo que implícitamente afectaría a la deuda de más de cien años.
“Los bolivianos cedemos las aguas del Silala porque de esta forma no se podrá cortar, desviar o retomar nuestro recurso natural para beneficio de los bolivianos; con este mismo argumento el gobierno chileno puede negarse a pagar lo que corresponde desde 1908. Volvemos a denunciar la política entreguista de la Cancillería que atenta contra los intereses de la Patria y que están estipulados en la CPE”, advirtió Choque.

AGUAS BOLIVIANAS
Durante los meses de julio a septiembre de 2009, el debate para el pago de la deuda histórica de las aguas del Silala fue un tema de seguimiento por EL DIARIO que ratificó a este recurso natural como propiedad nacional.
Un informe de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, luego de una inspección de legisladores y expertos en investigaciones hídricas en la propia región de Quetena en octubre de 2002 estableció que el Silala no es un río de curso sucesivo y que sus aguas fueron desviadas de manera artificial.
En base a los estudios, se estableció: “En 1908, cuando el Prefecto accidental de Potosí, René Calvo Arana, en su carácter de Superintendente de Hacienda de ese Departamento, otorgó la concesión de uso de los bofedales del Quetena a la empresa The Antofagasta (Chile) And Bolivian Railway Company Limited a título gratuito; ni el gobierno chileno de entonces, ni autoridad alguna de ese país, arguyeron que esas aguas constituían un río y menos un río de curso sucesivo, más aún, la solicitud misma implicó un reconocimiento expreso a la autoridad boliviana sobre esos recursos hídricos”, señala el documento