El Gobierno quiere dar por terminado el conflicto por Botnia, pese a que el futuro del reclamo contra la pastera en Gualeguaychú es aún una incógnita. Los asambleístas, que el 19 de junio pasado decidieron levantar por 60 días el bloqueo que mantenían en la frontera con Fray Bentos, todavía no definieron cómo se manejarán una vez que termine la tregua, el 19 de este mes.
"Los gobiernos ya resolvieron. No hay nada más que resolver. Será la ciencia la que decida si alguna empresa viola la ley en cuanto a temas medioambientales", planteó el canciller Héctor Timerman.
En declaraciones a la prensa tras la inauguración de la Reunión del Comité Científico de Investigaciones Antárticas consignadas por la agencia DyN, el funcionario aludió así al monitoreo conjunto de la fábrica de celulosa.
Timerman evitó pronunciarse sobre los próximos pasos de los asambleístas. Consultado sobre la posibilidad de que los vecinos retomen el corte de la ruta 136, planteó: "Es un tema de la Justicia y de las autoridades competentes".
Seis integrantes de la asamblea denunciados por el Poder Ejecutivo ya fueron citados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, para declarar sobre el corte.
A principios del mes pasado, el magistrado había considerado que, a su juicio, los vecinos de Gualeguaychú no cometieron ningún delito con la interrupción del tránsito y que el Gobierno es también responsable del bloqueo.
Acuerdo y advertencia. La semana pasada, tras reunirse con un grupo de asambleístas, Timerman aseguró que, si se comprueba que Botnia contamina, la pastera será cerrada.
A fines de julio la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica llegaron a un acuerdo por el que fijaron el límite de 12 inspecciones anuales a Botnia por parte de la comisión de científicos que se encargará del monitoreo de la cuenca del río Uruguay.