La central hidroeléctrica de Salto Andersen pasó de ser una ilusión acariciada durante cinco décadas a ser un costosísimo misterio financiero. Es que, según los datos proporcionados por el superintendente del DPA, Horacio Collado, la usina insumirá entre 125 y 130 millones de pesos, lo que para varios especialistas implica que habría sido preferible no construirla debido a que, lejos de proporcionar una ganancia a Río Negro, no resultará rentable porque generará una energía carísima y la provincia deberá asumir su déficit, además del precio de hacerla.
La sorpresa, en relación con su costo, llegó desde el Poder Ejecutivo, que envió a la Legislatura un pedido de endeudamiento por 54 millones de pesos para finalizar la central y hacer las obras complementarias de conexión y una estación transformadora.
Hasta el momento, nadie del gobierno de Miguel Saiz había dicho que fuera necesaria semejante suma para finalizar la central Salto Andersen. Al contrario, en febrero de este año Collado había dicho que la obra estaba concluida en un 75% y que en marzo se licitaría la conexión eléctrica con una línea de 132 kilovoltios (kV) –cuyo costo estimaba en 3,9 millones de pesos– y que se haría por administración la readecuación de las compuertas y una estación transformadora por otros 4 millones. Es decir, faltaban 7,9 millones y listo.
Nadie explica tampoco qué cambió para que una obra que tuvo hace tres años y medio un presupuesto oficial de 22 millones de pesos esté ahora en un gasto estimado de casi 130 millones.
Es que las dudas en relación con el tema surgieron ya cuando la central fue licitada por el DPA por segunda vez, en agosto de 2006, y el gobierno provincial adjudicó la construcción a Isolux Corsán, el único oferente que quedó en la compulsa y a pesar de que propuso hacerla por 51 millones de pesos, es decir más del doble del presupuesto oficial que era de 22,5 millones.
Otras dos firman interesadas –Cartellone e Impsa de Pescarmona–habían comprado pliegos pero desistieron de ofertar precisamente por entender que era imposible cumplir con el contrato con el escaso monto que contemplaba el presupuesto oficial.
Así, según lo informado la usina demandaría: por un lado, los 51 millones de pesos del contrato que, según se informa en la página http://fffir.gov.ar son aportados por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado por ley 24.855 y que controla el ministerio de De Vido. Por otra parte, la provincia debería pagar los 3,9 millones de la línea de conexión y los 4 millones de los restantes trabajos, lo que suma 7,9 millones de pesos.
Entonces, ¿para qué necesita el gobierno de Miguel Saiz los restantes 46,1 millones de pesos del crédito para el cual ha pedido autorización a la Legislatura, garantizando su devolución con la energía que genere Salto Andersen y con las regalías hidroeléctricas que percibe Río Negro? ¿A qué tasa se obtendrá ese endeudamiento y qué entidad financiera será la prestataria?

Una minicentral
Salto Andersen es una central hidroeléctrica pequeña. El proyecto señala que tiene una potencia de 8 megavatios (MW) nominales, pero los entendidos admiten que la potencia real no sube de 7,1 MW. Para advertir su tamaño sirve compararla con la de El Chocón, que tiene una potencia instalada de 1.200 MW.
Aun siendo una minicentral, la construcción de Salto Andersen siempre se consideró ventajosa puesto que el dique sobre el río Colorado ya está construido. Es más, la central era parte del proyecto original de construcción de la represa, pero nunca se concretó porque no se consideró rentable hacerlo.
En términos de demanda regional, es bueno destacar que Río Colorado no necesita esa energía para su desarrollo. Por ejemplo, de la línea de 132 kV construida en 1994 desde Céspedes Río Colorado no usa más de 11% de la capacidad de transporte. Es decir que la construcción de Salto Andersen tendría sentido sólo para hacer negocio vendiendo la energía. Algo que parece hoy en duda porque esa misma energía será entregada para solventar la onerosa construcción de la obra, muy superior a lo previsto, a lo contratado y a toda razonabilidad en la ecuación de amortización de la obra.

Costos/beneficios
La usina que se construye en el derivador del dique que Agua y Energía terminó en 1954 es calificada como una minicentral.
Si tomamos en cuenta lo que Collado dijo que costará, llegamos a un valor de casi 130 millones de pesos, más obras complementarias nos da un valor cercano a los 37 millones de dólares.
Una de las fuentes consultadas por "Río Negro" indicó que si se considera un factor de utilización (cuántas horas al día la planta puede ser usada) del 50% (El Chocón aplica el 33%), nos permite prever que la usina tendrá una producción de 35 gigavatios hora (GWh) por año.
A eso debe sumarse la ganancia del inversor que, en términos austeros, puede estimarse en 10% y, si se la anualiza en 30 años –que es el plazo de amortización para una empresa de estas características– el cálculo arroja que el costo de capital anual de la planta es de 3.700.000 dólares. Si los dividimos por los 35 GWh/año que produciría, esto da un costo de la energía de 105 dólares el MWh. Claro que esto no incluye todos los costos operativos (personal, mantenimiento, seguros, etcétera), ni tampoco impuestos o pago de regalías.
La provincia informó que Cammesa le reconocerá una tarifa de 103 dólares por MWh para comprarle la energía que produzca durante 10 años, lo que permite concluir que, en principio, la venta de energía en esas condiciones durante 30 años (sin contar la remuneración por la potencia puesta a disposición) no le alcanzará a la provincia ni siquiera para pagar el costo de capital (105 dólares el MWh). A eso habría que sumarle un 45-50% que representan los costos operativos, impuestos, seguros y regalías. Por lo tanto, la provincia además de pagar la construcción de la obra por un total de 37 millones de dólares, deberá pagar el déficit de la planta desde el día en que empiece a funcionar.
Otra forma de evaluar la rentabilidad de una usina de estas características es calcular en el mercado cuánto vale instalar una unidad de potencia, es decir, 1 kW. En esos términos, se considera que si sale más de 2.000 dólares el kW es cara, y no se justifica la inversión, desde el punto de vista eléctrico. Aun así, si la obra habría costado 2.000 dólares el kW, multiplicado por los 8.000 kW de potencia de la central, el precio final sería de 16 millones de dólares. Y, como está visto, para construir Salto Andersen se habrá invertido el doble, sin contar que la presa ya estaba construida y las tareas actuales consisten sólo en agregarle la sala de máquinas.
Otra fuente conocedora del mercado eléctrico estimó: "Si tomamos una inflación mundial promedio del orden del 3%, algo presupuestado en 7 millones de dólares en 1995 hoy estaría en el orden de 12 millones. Si se presupuestó en 2005 en el orden de 22 millones de pesos con la inflación tendríamos que hablar del orden de 45/50 millones. Si consideramos que el costo de un kW de potencia hidráulica instalada está en el orden de 1.500 a 3.500 dólares, y consideramos que tenemos una obra de 10 MW y tomando el más bajo tendríamos que la obra costaría 15 millones de dólares o sea unos 60 millones de pesos. En Río Negro una usina de 8 MW costará más del doble.

El enfoque jurídico
En agosto de 2006, el gobierno de Miguel Saiz contrató la construcción de la central hidroeléctrica de Salto Andersen con la firma española Isolux Corsán.
Lo hizo luego de un procedimiento cuestionado, porque para las otras firmas que compraron pliegos –incluida la especialista en microcentrales Pescarmona, que las construye en todo el mundo– los costos previstos en el presupuesto oficial estaban notablemente subestimados. Opinaron que era posible deducir la intención de que no presentaran ofertas aquellas empresas que conocen el mercado y que pensaran cumplir con las reglas del contrato. Así quedó en evidencia luego de que la única firma que presentó ofertas –Isolux Corsán– fue adjudicada aun cuando más que duplicó el gasto previsto en el pliego. Está visto que la empresa cobrará bastante más que los 51 millones de pesos por los cuales contrató.
La subestimación inicial de los costos era ya razón legal suficiente para anular la licitación porque la adjudicación por más del doble del valor previsto rompió la igualdad de los oferentes, dejando a Isolux en una situación de ventaja desleal. Es probable que esa cuestión contractual estuviera hoy prescripta para algún reclamo judicial de las empresas o de otro sector perjudicado. Pero los mayores costos que el propio Collado acaba de admitir –que más que duplican el monto por el cual se contrató la obra y representan seis veces más que el presupuesto original de la licitación– representan una nueva modificación del pliego inicial, lo que abonaría una nueva causa de nulidad del proceso licitatorio.
La existencia de un solo oferente no obsta a la prohibición de modificar el pliego para que otros posibles oferentes se presenten.
Lo que hace la gestión Saiz ahora, por lo tanto, es pedirle a la Legislatura que sea parte de esa irregularidad, lo que confirma el vicio del proceso.
Para algunas de las fuentes consultadas, este nuevo pedido de asistencia de 54 millones de pesos revela que el problema estuvo en la misma licitación. En aquel momento, la oferta de Isolux incluía una opción "económica" y otra cláusula de mayor valor como alternativa que en su momento no se tomó. "Al parecer, es lo que estarían aceptando ahora", afirmó el especialista, que conoce el proyecto original y sus incidentes.

Viejos nombres
Isolux Corsán es una empresa española que hace varios años comenzó a tener intervención en licitaciones en el país.
Tiene como director desde noviembre de 2007 a Horacio Massaccesi, quien era gobernador cuando la central de Salto Andersen fue licitada, adjudicada, paralizada y rescindido el contrato con un grupo empresarial extranjero –New World Power– asociado en el país con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y la consultora de ingeniería Proinsa.
Hoy podría decirse que Salto Andersen es la hermana menor de la familia Isolux Corsán en el país. La empresa tiene a su cargo la central térmica de Río Turbio, que ha ocupado lugar en las noticias no sólo porque se ha denunciado allí la existencia de sobreprecios, sino también por problemas ambientales derivados de la falta de decisión sobre las cenizas y otros efectos indeseados de la generación con carbón.
Otro de los puntos que está en debate por estos días es la presunta firma, por parte de Isolux Corsán, de un contrato con la firma Nodos Eléctricos SA, por el cual esta última asumió la construcción de toda la obra civil necesaria para la central hidroeléctrica de Salto Andersen. Ese subcontrato –cuya carta de intención irrevocable se firmó el 25 de febrero de 2008–valuó toda la obra civil en 11.248.897,64 pesos más IVA. La obra civil consiste en hacer la estructura de hierro y hormigón armado que soporte a las turbinas, que serán ubicadas al pie del salto de 7 metros de altura que se produce en el derivador de la central.
Es decir que del monto inicial de contrato que percibiría Isolux Corsán, le habrían quedado para solventar las turbinas y el cableado algo más de 38 millones de pesos. Mucho más si se considera el valor final de la obra que Collado acaba de informar.

Una historia de incertidumbre
El dique Salto Andersen, obra de cabecera situada a 70 kilómetros aguas arriba de Río Colorado, funciona como dique nivelador y derivador que permite el escurrimiento aguas. Sobre la margen derecha de la obra nace la derivación por medio de un canal.
Esta obra garantiza la entrega de 25 metros cúbicos por segundo de agua para el riego del valle mediante un canal principal que entrega agua a secundarios recorriendo una superficie de 18.600 hectáreas dominables hasta llegar a la Colonia El Gualicho. Otorga además la posibilidad de utilizar 100 metros cúbicos por segundo mediante un canal derivador que permitiría llevar adelante nuevos emprendimientos productivos en la zona.
En marzo de 1994, Horacio Massaccesi licitó la obra de construcción de la central hidroeléctrica de Salto Andersen, siendo gobernador de la provincia de Río Negro. Miguel Srur presidía la ERSE y Horacio Collado participó de aquellos trámites en representación del ente de seguridad de presas.
El plan -respondiendo al proyecto realizado por AyE en los años 50- era hacer la central sobre el derivador del dique de regadío, con una caída de 7 metros. Se buscaba firmar con la constructora un contrato a 25 años, durante los cuales la provincia le compraría a la constructora toda la energía que produjera la central. Quien ofreciera un porcentaje de descuento mayor sobre el precio del mercado mayorista sería el adjudicatario. Transcurridos los 25 años, la obra quedaría para la provincia. ERSE se comprometía a hacer un electroducto para conectar con el SIN a través de la línea Río Colorado-Pomona.
Esta obra, junto con la central térmica de Roca, buscaba dar independencia de abastecimiento eléctrico a la provincia.
Presentaron sobres el Consorcio de Generación Hidroeléctrica y el New World Power Corp. Fue adjudicado al grupo de New World Power Corp, New World Power Investment y IATE, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y Proinsa. La obra se estimaba en 7.000.000 de dólares con un plazo de 22 meses.
El contrato para la construcción se firmó el 3 de setiembre de 1994, el mismo día que se inaugura la línea de 132 kV que conecta Río Colorado con el sistema nacional. Todavía gobernaba Massaccesi, quien ya aspiraba a ser presidente de la Nación. Por la empresa firmó Leandro Peyzeré.
En enero de 1995 se hace cargo de la obra Andersen Generación Hidráulica SA, la sociedad conformada por el grupo adjudicatario.
El 18 de noviembre de 1995, después de cinco meses de paralizados los trabajos, se anunciaba la rescisión del contrato por parte de ERSE. El problema invocado por la firma era la falta de créditos internacionales por el "efecto tequila". Se publicó que la adjudicataria había desarrollado el proyecto ejecutivo en un 95% y el electromecánico en un 50%. En realidad, se trabajó normalmente sólo algunos meses, desde enero a abril. En marzo ya habían intimado a la empresa por demoras en entregar el proyecto ejecutivo.
Este diario publicó que sólo se habían reacondicionado 6 viviendas. Un periodista de "Río Negro" que fue hasta el lugar escribió: "Allí la soledad y el silencio hicieron nido y conviven juntas. Son los únicos habitantes de ese paraje desértico. Por ninguna parte se pudo encontrar señales que indiquen que allí se están realizando los trabajos necesarios para la importante obra hidroeléctrica. Sí se pudo apreciar que 6 viviendas levantadas frente al dique fueron refaccionadas y puestas en condiciones habitables, así como se señalizó las calles y se las identificó con carteles (…) Ángel Otelo, un joven bahiense que cumple la función de encargado, reconoció que todavía no han llegado materiales ni máquinas para dar comienzo a esta obra".
El intendente Sigifredo Ibáñez declaró que hace meses que llamaba a los teléfonos que le dejaron los empresarios, pero "siempre me da equivocado o no atiende nadie. Pensábamos que la empresa adjudicataria era muy solvente, pero apenas firmado el traspaso salieron en busca de créditos internacionales, lo que me hace dudar de su capacidad organizativa y económica".
El 28 diciembre 1995 se reanudaron los trabajos, pero sólo por un tiempo. Luego, sólo el silencio.

El proyecto de Saiz
El proyecto de autorización de endeudamiento remitido por el gobernador Miguel Saiz a la Legislatura días atrás, fue enviado "con acuerdo general de ministros". Esta modalidad, prevista en el artículo 143 inc 2) de la Constitución provincial, prevé -para casos de urgencia- la sanción en única vuelta de una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el mandatario en ningún momento aludió a que el pedido de autorización para obtener un préstamo fuera urgente. Sólo manifestó, en el párrafo final "atento al tenor del proyecto y a la importancia que reviste la cuestión, se resuelve solicitar a la Legislatura provincial otorgue al mismo el tratamiento previsto en el artículo 143 inc 2) de la CP.
La urgencia es la única razón de tratamiento abreviado que prevé la Constitución y, con el mismo espíritu, así lo ratifica el Reglamento Interno de la Legislatura, al expresar en su artículo 99 que el trámite de sanción en única vuelta corresponde a "proyectos excepcionales".
Además, en los fundamentos dice que es para "finalizar las obras de la central en los plazos previstos y para continuar con el proyecto de autoabastecimiento provincial", pero en el articulado sólo se alude a terminar Salto Andersen.
En cuanto a reacondicionar el dique para la optimización energética, no se dice en qué consiste esa tarea. Una posibilidad sería aumentar el caudal destinado a generación, pero ese objetivo tiene como límite la capacidad de conducción del derivador, que es sobre el cual está ubicada la usina.
Además, agrega como garantía adicional "que cubra los riesgos propios de la industria eléctrica". No se aclara en el proyecto a qué riesgo se refiere, puesto que el único que podría impedir la venta de electricidad generada por Salto Andersen sería que la usina no llegara a funcionar.