La Ley de Glaciares, que el Congreso trata en estos días, es de vital trascendencia para la sociedad en su conjunto. En especial, es muy importante contar con una norma que asegure la protección de estos cuerpos contemplando el plexo normativo provincial y nacional que ya existe sobre la protección del agua. En este sentido, esta Ley no debe solamente ser la mejor y la que efectivamente asegure la protección de los glaciares, sino que no debe de manera alguna conspirar contra el desarrollo efectivo de provincias cordilleranas. No se puede caer en falsas antinomias entre actividades productivas y cuidado del medio ambiente.
El proyecto de ley en discusión no sólo prohíbe la minería, sino también otras actividades igualmente fundamentales para el desarrollo de muchas regiones argentinas, tales como la construcción de caminos, el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y toda otra actividad industrial o de infraestructura que se plantee en la zona denominada "periglaciar", de peligrosa amplitud conceptual y definición imprecisa. En síntesis, lo que la Argentina necesita es una Ley de protección de Glaciares y no una norma antiproductiva o antiminera.
Respecto de esta actividad, nuestro país se encuentra frente a una gran oportunidad. Durante el año pasado, se invirtieron en la minería argentina un total de nada menos que 750 millones de dólares, que generaron 8.000 empleos y dieron trabajo a más de 750 pequeñas y medianas empresas que hoy son proveedoras nacionales de la minería local.
El hecho más trascendente fue el tan esperado lanzamiento de Pascua Lama, el primer emprendimiento binacional del mundo entre Argentina y Chile. En materia de producción, el último año se pusieron en marcha cuatro nuevos proyectos de escala internacional: Manantial Espejo en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan, Sierra Grande en Río Negro y Pirquitas en Jujuy.
Un desglose de las inversiones previstas y en curso permite hacer una radiografía de la situación. La compañía australiana Troy Resources está invirtiendo en el proyecto Casposo 115 millones de dólares, que generan otros 3.000 empleos. La australiana Andean Resources confirmó la inversión de 315 millones de dólares para la construcción del proyecto Cerro Negro. Y la empresa brasileña Vale está avanzando en el proyecto Potasio Río Colorado, en Mendoza, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.
La industria minera nacional es la primera en reconocer el valor de sus trabajadores, cuyos salarios están al tope de la lista de los sectores mejor pagos dentro de la economía local. La tecnología que utiliza la moderna minería metalífera es de última generación, lo que le permite ser absolutamente responsable en materia ambiental.
La minería paga todos los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que corresponden, entre los que se cuentan Ganancias, Rentas provinciales, cargas sociales, entre otros. Y es la única actividad que ya tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados.
Mirando hacia el futuro, la Argentina tiene metas claras para el sector. En el año 2015 aspira a exportar 7.600 millones de dólares, sumar 10.400 millones de inversión y llegar a 9.800 millones de producción, cuando hace cinco años apenas se alcanzaba algo más de 1.000 millones de dólares.
En resumen, se debe mirar a los países del mundo que forjaron un desarrollo sustentable en los cuales la minería fue y es una columna fundamental de inversión, desarrollo regional, y expansión de fronteras (Canadá, Australia, Chile; EE.UU., Brasil, Perú, etc). Nuestro país, y fundamentalmente la gente, se merece contar con una industria minera sólida y expansiva, generando recursos genuinos y trabajo.

*PRESIDENTE DE LA CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM)