El ministro de Planificación, Julio de Vido, empresarios vinculados con empresas de servicios públicos de agua, gas y electricidad y los líderes gremiales de esos sectores afinan por estos días un plan de aumento en las tarifas de esas prestaciones, que permita cubrir los incrementos salariales y, a la vez, evitar que la población los perciba como “un tarifazo”.
La suba –que en principio no superará el 1% en el número final de las boletas– repercutirá mínimamente en los balances de las empresas pero las ayudará a sortear los aumentos salariales otorgados y por firmar en 2010. Así lo confirmaron a El Cronista diversas fuentes de acceso frecuente a los hombres del Gobierno. Una de ellas, de vínculo aceitado con el kirchnerismo, sostuvo que “la suba será mínima y de ninguna manera puede ser considerada como tarifazo”. No obstante, admitió que “todo depende del visto bueno final de la Presidenta (Cristina Fernández) y de (Néstor) Kirchner”.
Voceros de Planificación, en cambio, negaron esa posibilidad. “No hay ningún aumento de tarifas previsto”, aseguraron.
Sin embargo, el sector eléctrico es el que más cerca está de obtener un ajuste. En los últimos días, directivos de las empresas del sector (Edenor, Edesur y Edelap son encargadas de prestar el servicio en el Gran Buenos Aires, la Capital y La Plata) se reunieron con De Vido para hablar de ese tema.
Un referente del sector eléctrico confirmó que “el aumento es inminente”. Otras fuentes fueron más cautas, pero reconocieron que las negociaciones están encaminadas. Sucede que las discusiones por la recomposición de tarifas comenzaron en marzo pasado.
Para las empresas de energía eléctrica, el incremento se dará mediante el Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), contemplado en el acta acuerdo firmada con las empresas hace 2 años. Contempla un ajuste cada seis meses si la inflación es de un 5% y cuando la empresa lo solicite si es mayor al 10%. La última vez que se aplicó ese mecanismo fue en 2008.
En el Gobierno estudian, además, otorgar un ajuste mínimo de tarifas a Aysa, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas, para dotarla de mayor capacidad operativa.
Empresarios privados que suelen visitar Planificación deslizaron también que en ese lote podría haber un ajuste para Metrogas, la distribuidora de gas de la Ciudad de Buenos Aires, que está en default, según sostiene, porque hace 10 años no obtiene una mejora tarifaria.
La presión sindical es en todos los planos cada vez mayor. Mañana, el sindicato de Luz y Fuerza, a cargo de Oscar Lescano, realizará un paro por 24 horas en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias. Y desde ayer, los trabajadores de la actividad realizan un quite de colaboración.
En tanto, José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias de la Capital, a cargo de los destinos de Aysa, le solicitó a De Vido en varias ocasiones una recomposición en los ingresos de la empresa para darle mayor autonomía. La última fue hace pocos días. “Tenemos una posición tomada: nos sentimos incómodos dependiendo tanto de las erogaciones del Estado”, aseguraron allegados al sindicalista.
De acuerdo con el Presupuesto para este año, la empresa tendrá gastos operativos (sin contar inversiones) por $ 1.347 millones, mientras solo podrá recaudar a través de facturas $ 671 millones. Allegados a la compañía sostuvieron que se le presentaron al Gobierno al menos 50 propuestas diferentes de ajustes tarifarios desde su estatización, en 2006. En una de ellas, estaba redactado el anuncio de alza tarifaria, pero el Gobierno dio marcha atrás con la decisión.