La posibilidad de que la Cámara de Diputados sesione esta semana es todavía una incógnita. La mayoría de los bloques opositores se comprometió con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonasso, a insistir en que el proyecto de protección de glaciares –cuya sanción en particular quedó trunca la semana anterior por falta de quórum– sea el primer punto en el orden del día en la próxima sesión. El kirchnerismo no bloquearía la convocatoria a sesionar, aunque volvería a dejar en manos de la oposición la responsabilidad de sentar los 129 legisladores necesarios para abrir las deliberaciones. Bonasso afirmó que muchos de los diputados ausentes en la frustrada sesión del miércoles comprometieron su presencia para asegurar la media sanción de la iniciativa.
La frustrada experiencia de la semana pasada desató una andanada de reproches mutuos y pases de facturas por la “desidia” de algunos bloques a la hora de garantizar la presencia de sus legisladores en el recinto de Diputados. La situación volvió a postergar el tratamiento en particular de la media sanción al proyecto de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y regiones periglaciales, que había quedado pendiente antes del receso parlamentario de invierno.
Esa semana, el Grupo A había puesto sus mayores esfuerzos en el trabajo de las comisiones legislativas (donde apuntaba a conseguir varios dictámenes para apuntalar su estrategia parlamentaria) más que en la posibilidad de sesionar. Entre ellas, el dictamen a favor del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para jubilados y pensionados, además de las propuestas para reformar el Indec y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).
Esta semana, el orden de prioridades del Grupo A no se ha modificado, lo que volvería a poner a prueba su capacidad de convocatoria para sesionar. Sin embargo, Bonasso dijo a Página/12 que los bloques opositores se comprometieron a respaldar la media sanción de la ley de protección de glaciares proponiéndolo como primer tema en la sesión de esta semana.
Incluso, Bonasso confirmó que varios de los ausentes a la frustrada sesión le habían asegurado su presencia en el recinto. Una lista que incluye a los peronistas disidentes Eduardo Ibarra (San Juan) y Zulema Daher (Salta), al macrista porteño Christian Gribaudo y al bonaerense del GEN, Gerardo Milman. Aunque las ausencias atravesaron a otros bloques opositores, con la única excepción de la Coalición Cívica.
Pero hasta avanzada la noche de ayer, el presidente del cuerpo, el jujeño Eduardo Fellner, no había convocado a la reunión de Labor Parlamentaria que habitualmente se realiza los martes para definir el temario que se llevará al recinto. El oficialismo también dejó en claro que la responsabilidad de reunir quórum correrá por cuenta de la oposición.
En tanto, los líderes parlamentarios de la oposición tienen otras preocupaciones. Están dispuestos a esperar una semana más, para cumplir los tiempos reglamentarios de la Cámara y llevar sus prioridades al recinto. Pero fundamentalmente porque deben sortear todavía distintas dificultades para garantizar su aprobación en el recinto.
El dictamen de mayoría para dotar de autonomía al Indec fue impugnado administrativamente por el kirchnerismo. El oficialismo denunció que la oposición aprovechó un viejo proyecto del ex diputado macrista Luis Galvalisi para emitir un dictamen totalmente distinto en la Comisión de Comercio sobre el Indec, sin que éste pasara por la Comisión de Presupuesto. En tanto, los bloques opositores redactaron ayer un texto para rechazar la impugnación que todavía recorría despachos de diputados para estamparle la firma antes de presentárselo a Fellner.
Algo parecido debe afrontar ante el dictamen del Grupo A sobre la aplicación del 82 por ciento para las jubilaciones. El bloque K afirma que la propuesta opositora no contempla una fuente de financiamiento, como –según asegura el oficialismo– exige la Ley de Administración Financiera para aquellos gastos que no estén comprendidos en el Presupuesto nacional. En tanto, el interbloque de Proyecto Sur, el socialismo y el GEN presentó un proyecto común, que propone la restitución de los aportes patronales –que redujo la administración menemista en los ’90– para sustentar la aplicación del 82 por ciento a jubilaciones y pensiones. El centroizquierda parlamentario tampoco comparte el proyecto del Grupo A, que quita varias de las competencias de la Oncca en la regulación estatal del comercio agropecuario.