Muchas veces se habló de la connivencia entre gran parte de la clase política y las multinacionales, que suelen saquear a países en vías de desarrollo como la Argentina. El último capítulo de esta triste historia ya comenzó a escribirse y es el proyecto ley de Glaciares, que debería tratarse hoy, nuevamente, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sectores de la oposición que impulsa esta iniciativa, especialmente los diputados Miguel Bonasso, Pino Solanas y Elisa Carrió, intentarán hoy que se convierta en ley el proyecto, para lo que necesita conseguir, sin ayuda del oficialismo, 129 diputados. La semana pasada, una sesión que tenía el mismo objetivo fracasó estrepitosamente cuando varios legisladores opositores -macristas, radicales, entre otros- pegaron el faltazo.
En este contexto, mientras parte de la clase política baila al compás de los intereses oscuros de las multinacionales mineras, las consecuencias ya se están sintiendo y ponen en riesgo algunas de las fuentes de agua dulce más importantes del país. Concretamente, ayer se difundió una investigación periodística por TV que demuestra que al menos dos importantes glaciares ya habrían sido perforados por empresas mineras en San Juan. Precisamente, en caso de sancionarse la ley, estas actividades mineras quedarían prohibidas.
En el informe televisivo, el glaciólogo e investigador del Conicet, Juan Pablo Milana, que realizó un detallado mapeo de la zona cordillerana, afirmó que sólo en la provincia de San Juan habría unos 3.200 cuerpos de hielo de 60 o 70 metros de espesor, lo que equivale a 20 centímetros cúbicos por
segundo del agua más pura del país, que actualmente abastece al río San Juan. Otro peligro es que la actividad minera a cielo abierto, que predomina en esa zona, utiliza precisamente abundante agua como insumo principal para realizar la extracción de minerales, lo que produce un fuerte efecto contaminante. Esta actividad poco y nada le deja al país, ya que las multinacionales mineras exportan prácticamente todo lo que extraen, y pagan ínfimas retenciones al fisco.
Se trata de un saqueo con todas la letras, como el que aplicaron los españoles en Potosí en los siglos XVI y XVII.

En foco
Hace falta un castigo ejemplar
Hoy no será un día más en el Congreso nacional. Aquellos legisladores de la oposición que, por su acción u omisión posibiliten que fracase nuevamente el tratamiento de la ley de Glaciares, proyecto que busca proteger nada menos que importantes fuentes de agua dulce de la voracidad de las multinacionales mineras, terminarán siendo cómplices de la política de entrega de los recursos naturales de nuestra patria.
Es comprensible que los diputados del oficialismo no bajen a sesionar, teniendo en cuenta la obediencia debida que exige un Gobierno que ni siquiera se preocupa en ocultar los lazos que lo unen con multinacionales como la Barrick Gold. Sólo hay que recordar que Cristina Kirchner se sacó una foto con directivos de esa empresa (en Canadá), que está acusada de contaminar cursos de agua y poner en riesgo importantes glaciares en San Juan. El problema es que aquellos que se llenan la boca diciendo que representan el cambio terminan actuando igual o peor que los propios kirchneristas.
Es necesario tener memoria. La semana pasada, cuando fracasó un intento por terminar de convertir en ley el proyecto de defensa de los glaciares, los responsables de haber pegado el faltazo fueron: los macristas Laura Alonso y Christian Gribaudo; la cobista Cynthia Hotton; los peronistas disidentes Juan José Alvarez, Manuel Morejón y Jorge Montoya; los radicales Atilio Benedetti, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Kenny, Pedro Molas, Sergio Pinto y Mariana Veaute; Gerardo Milman (GEN); y los peronistas federales Zulema Daher, Mauricio Ibarra, Sergio Pansa y Walter Wayar.
Si estos mismos legisladores, o algunos otros, vuelven a recurrir a esta práctica tan nefasta de no dar quórum, evitando blanquear su verdadera postura política de favorecer intereses oscuros multinacionales, deberían quedar escrachados públicamente. Y recibir así una dura condena social.