La ampliación de una planta depuradora en las inmediaciones de la Laguna de Rocha sigue generando protestas y alarma entre vecinos y organizaciones ambientalistas de Esteban Echeverría. Esta semana, mediante un comunicado de prensa, denunciaron que los trabajos a cargo de la empresa Aguas y Saneamientos de Argentina (AySA) siguen poniendo en peligro el humedal, uno de los más importantes de la región y de la provincia de Buenos Aires.
Según explicaron desde la Asamblea Ambiental de Esteban Echeverría, “se agrava la situación de la Laguna de Rocha por estas obras”, que se realizan en parcelas de El Jagüel aledañas a la reserva natural. En especial, aseguran que se aplicó una capa de tierra colorada sobre una enorme porción de terreno, lo que generó múltiples perjuicios a la flora y fauna local. En diálogo con Diario del Sur, los ambientalistas afirmaron que “el prado fue totalmente arrasado, con tala de árboles, destrucción de nidos y cuevas de animales, disminución del ciento por ciento del hábitat, en definitiva, la extinción total de las especies en la parcela y el cubrimiento total con tierra colorada para subir el nivel del piso”.
Fuentes consultadas por este medio confirmaron la utilización de esta tierra para elevar el terreno, pero argumentaron que la empresa presentó un estudio de impacto ambiental que al parecer avala lo actuado en los últimos tiempos. Algo que los vecinos descreen.
“Este cubrimiento con tierra colorada y el nivel del piso abren otro capítulo de las graves fallas en el estudio de impacto ambiental, ya que no han evaluado un lugar apto para la obra. El lugar se inunda permanentemente por tratarse de un bañado y desde la fecha de inicio de las obras hasta el día de hoy están utilizando bombas depresoras de las napas que constantemente extraen agua del suelo por medio de zanjas cavadas en el perímetro”, afirman desde la asamblea ambiental.

Sin participación vecinal
Este espacio, formado por distintas entidades ambientales, como los vecinos aledaños al Centro Atómico de Ezeiza, también denunció que no se realizaron las audiencias públicas ni consultas vecinales sobre la obra de ampliación. En este sentido, se quejaron de que la única reunión realizada para explicar las obras haya sido cerrada, entre el subsecretario de Medio Ambiente Lautaro Lorenzo y la responsable de gestión ambiental de AySA Mariana Carriquiriborde, en junio pasado, a la que sólo asistieron algunos invitados . “Las autoridades de AySA admitieron que la construcción de la planta cloacal provoca daños ambientales, que la muerte de animales es parte de la obra, que talaron árboles, que las plantas depuradoras recibirían desechos cloacales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque ellos aclaran que serían desechos parecidos a cloacales domiciliarios”, afirman los ambientalistas.
No sólo las obras de ampliación traen problemas al terreno que ocupa la Laguna de Rocha, sino que además están generando trastornos en los barrios aledaños. “El agua la tiran a grandes zanjas cavadas en la calle Newton, lo que provoca peligro para los transeúntes y corta el paso acostumbrado a los animales terrestres, los cuales se ven desterrados de su hábitat”, afirman. Además, hay denuncias sobre profundas zanjas en el perímetro opuesto a esa calle, “aparentemente para evitar que el bañado avance sobre el territorio que supuestamente ganaron al agua, porque las bombas extractoras no paran de funcionar”.
Por último, la asamblea cuestionó este informe, en especial porque su presentación no está completa mientras las obras ya comenzaron. “El estudio superficial e inexistente de los impactos ya producidos es irreversible, con lo que esta obra debe ser parada de inmediato y comenzar la evaluación del daño ambiental producido para restituir el ambiente a sus condiciones anteriores al comienzo de la obra”, reclamaron los ambientalistas.

Ya se habla de “genocidio ambiental” alrededor del Centro Atómico
Con más de 10 años de dilaciones, la polémica por la contaminación con elementos radioactivos de las napas alrededor del Centro Atómico de Ezeiza sigue abierta, por lo que ya se habla de “genocidio ambiental”. Así lo dijo el diputado provincial Walter Martello (ARI-Coalición Cívica), quien denunció “inexplicables dilaciones” en la realización de estudios para confirmar la existencia de contaminación radioactiva en los barrios aledaños, en especial aquellos ubicados en Esteban Echeverría.
“Es inadmisible que la Justicia, por no pagarle 90 mil euros a un laboratorio español, tenga frenada la causa en la que se investigan los estragos que estarían generando los desechos radiactivos del Centro Atómico. Lamentablemente, esto es solo una parte del genocidio ambiental que está teniendo lugar en la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde las autoridades nacionales, provinciales y municipales están dilatando la adopción de las medidas concretas que exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia”, dijo Martello, oriundo de Esteban Echeverría.
En 2006, a partir de un pedido de la entonces Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (actual Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), se solicitó al Laboratorio USEPA de los Estados Unidos un informe sobre la situación de las zonas aledañas al Centro Atómico Ezeiza, frente a una posible contaminación con uranio. Los resultados fueron contundentes: teniendo en cuenta el valor de referencia de 20 ug/l, 10 de las muestras extraídas excedieron ese valor, representando ello el 22 por ciento del total, siendo el valor máximo encontrado de 34.5 ug/l.
Del total de muestras excedidas, seis de ellas corresponden al predio del Centro Atómico y al Barrio La Celia (Partido de Ezeiza ) lindante al Centro Atómico, empleándose dichas perforaciones para abastecer domicilios particulares y una escuela. Otras tres se encuentran al este del Centro Atómico (aproximadamente cuatro mil metros) en el partido de Esteban Echeverría, desde donde se abastece a una escuela Penitenciaria Federal y a numerosos domicilios particulares. Otra de las muestras contaminadas pertenece a una perforación explotada por la empresa Aguas Argentinas, ubicada en la zona de la estación Tristán Suárez (Ezeiza ). Estos estudios forman parte de la causa penal Nº 5452, que se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora, que se encuentra frenada a la espera de que se puedan realizar nuevos estudios en España.
El diputado provincial, que responde a Elisa Carrió, afirmó que viene impulsando la sanción de un proyecto de ley, en la Cámara de Diputados bonaerense, para declarar la emergencia ambiental en la provincia por el término de dos años, “en virtud de asegurar el derecho a la salud y a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano”. La iniciativa contempla la “relocalización” de poblaciones que se encuentren en riesgo por habitar territorios críticos respecto de la problemática ambiental. Y propone “la descentralización de la fiscalización”, para lo cual la Provincia deberá dotar a los municipios de personal idóneo y capacitado, con el consiguiente poder de policía en materia ambiental. Para ese fin se propone la creación de las Regiones Ambientales, coincidentes con las Regiones Sanitarias, y la conformación de un comité de Monitoreo y Seguimiento Ambiental.
“El gobierno no está haciendo prácticamente nada. La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) es una cáscara vacía, que recién ahora ha comenzado a empadronar a las empresas vinculadas con la contaminación. A eso se le suma que hace cuatro años que el proyecto para declarar la emergencia ambiental está en la Comisión de Ecología y, evidentemente, hay intereses oscuros que hacen lobby para que no se sancione”, concluyó Martello.