El fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, afirmó ayer que el gobierno de esa provincia no colabora con las investigaciones judiciales que se originan por delitos ambientales.
En declaraciones que formuló a Radio Panorama, el funcionario aseveró que “estas causas tienen un contenido político muy fuerte, porque está la consabida justificación de que si no contaminamos no damos trabajo y si no tenemos trabajo se genera desocupación”.
Sin embargo, el fiscal consideró que ese planteo es una falacia. “Esto es una ridiculez, porque yo no puedo dar trabajo en base a la salud de los ciudadanos. Es como si yo me pusiera a vender cocaína para ganar plata porque estoy desocupado”, ejemplificó.
Sobre esta cuestión, ahondó: “Es un argumento político de mucho peso que se enarbola en cuanta conversación privada se haga pero nadie se atreve a decirlo en público, pero que se convierte en un obstáculo a la hora de avanzar con las causas penales”.
En otro tramo de la conversación, reconoció que hay muchas denuncias penales por este tipo de delitos, pero que sólo quedan en el mero reclamo, pues es necesario que “(la gente) se presente como querellante para promover la causa y aportar pruebas. De nada sirve que haya una mortandad de peces en el dique, que todos nos rasguemos las vestiduras y en el momento de actuar en la causa penal no pase nada”, argumentó.
Para revertir la situación, Gómez recomendó: “Hay que presentarse como querellante para exigir la reparación y la indemnización por daños”, provocados por la contaminación industrial.