Aplausos y gritos de alegría se escucharon ayer a las 17.30 en la Cámara de Diputados. Luego de tres intentos frustrados, finalmente quedó aprobada (media sanción) la ley de protección de los glaciares, que generó una dura pulseada entre los sectores ambientalistas y aquellos que apoyan la explotación minera en la cordillera.
La ley tuvo aprobación en general el 15 de julio a la madrugada, pero cuando se pusieron en discusión los principales artículos de la norma, el kirchnerismo optó por irse del recinto y la sesión quedó suspendida por falta de quórum. La semana pasada, la oposición y algunos aliados del kirchnerismo intentaron retomar la votación del articulado, pero no consiguieron reunir los 129 diputados necesarios para sesionar.
Ayer, pasadas las 14.30, la oposición logró juntar el ansiado quórum: sentó 134 diputados en sus bancas, cinco más de los necesarios, para poder empezar la sesión. Recién allí, el kirchnerismo bajó al recinto a intentar dar una pelea que de antemano sabía que perdería.
La ley que tuvo media sanción es resistida por el kirchnerismo y las provincias que tienen proyectos mineros funcionando en la cordillera porque no sólo prohíbe este tipo de emprendimientos -y también la búsqueda de petróleo y otras actividades contaminantes- en los glaciares, sino también en las zonas contiguas a los grandes hielos, que la iniciativa llama "zonas periglaciares".
Como en la sesión que finalizó abruptamente el 15 de julio se votaron los cinco primeros artículos y en el segundo de ellos se define qué es un ambiente periglaciar, quienes se opusieron a la ley por ser demasiado restrictiva concentraron todas sus fuerzas en cambiar el artículo sexto, el primero que se puso en consideración ayer por la tarde y que establece todo lo que está prohibido, tanto en los glaciares como en las zonas periglaciares.
Por el kirchnerismo llevó la voz cantante el diputado Daniel Tomas, un sanjuanino que responde al gobernador José Luis Gioja, gran defensor de la minería y quien el año pasado convenció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de vetar una ley similar que sacó el Congreso. Tomas y el macrista Federico Pinedo pidieron cambios en el artículo sexto, a fin de que se aplique la ley General de Ambiente y las audiencias públicas fijadas por ésta sean las que definan si un proyecto puede o no funcionar en las zonas periglaciares.
Por supuesto, la oposición comandada por el autor del proyecto, Miguel Bonasso (del interbloque Proyecto Sur) se negó a estos cambios, ya que entendieron que debe ser el Instituto Argentino de Nivología, Glacialogía y Ciencias Ambientales (Ianigla) quien debe hacer un inventario para definir qué zonas son periglaciares y, en ellas, aplicar la mirada más restrictiva, ya que entienden que el 70 por ciento del agua que se consume en el país surge de los ambientes aledaños a los grandes hielos.
Aprobado este polémico artículo sexto, se dio aval al resto del articulado y se agregó uno propuesto por el mendocino Ricardo Mansur (UCR) para que el Ianigla priorice, a la hora de hacer el inventario, aquellas zonas donde hay empresas interesadas en avanzar en proyectos industriales a fin de darle certidumbre cuanto antes de si podrán afincarse o no.
La sesión continuó con otros temas, pero cuando finalmente se aprobó la ley de protección de glaciares, un grupo de ambientalistas que estaba en el segundo piso desplegó una enorme bandera que rezaba "Los Glaciares No Se Tocan", lo que generó un forcejeo con los agentes de seguridad.

Una normativa con contradicciones de altura
por Sergio Carreras
Con la aprobación de ayer, la nueva versión de la ley de glaciares navega hacia el Senado. En noviembre de 2009, el primer intento, aprobado por las dos cámaras legislativas, chocó contra el veto de la presidenta Cristina Fernández, quien consideró que la ley perjudicaba a las economías provinciales.
Ayer, el Gobierno nacional anticipó que no volverá a vetar la ley, lo que es una contradicción, porque esta segunda versión posee más aspectos "condenables" desde el punto de vista de las administraciones provinciales cordilleranas, que ataron su futuro económico a los agujeros a cielo abierto que las mineras abran en búsqueda de metales valiosos.
Un fiscal puntilloso, por ejemplo, podría, con base en la versión aprobada ayer, determinar que los emprendimientos internacionales ya instalados en la alta cordillera violan la ley y exigir la paralización de los proyectos. Las discusiones jurídicas y las polémicas políticas serán nutridas.
Más allá de lo que cada sector considere que está bien o mal en la nueva ley que se intenta aprobar, hay un aspecto clave que esta discusión legislativa no podrá resolver: el marco legal minero de la Argentina, que no sólo los sectores opositores consideran muy favorable para las mineras internacionales y que está sospechado de ser un mal negocio para el país.
Ese problema de fondo está en la raíz de esta discusión por los glaciares y es un problema que debe tratar y resolver el Congreso.
Un lugar común de las quejas de los votantes argentinos es que sus políticos y funcionarios, sean del partido que fueren, no ejecutan políticas de Estado, con continuidad en el tiempo e integradas al "proyecto de país".
Pues bien: acá hay una política minera homogénea (lo que no significa buena) desde la época de Carlos Menem hasta hoy, que acaba de recibir un espaldarazo en la reciente Cumbre del Mercosur celebrada en San Juan. Los presidentes firmaron su compromiso con la minería como herramienta de desarrollo.
La versión de la ley aprobada ayer en Diputados no es coherente con esa política. Es un obstáculo para la minería a cielo abierto tal como se viene practicando hasta hoy. Esto alegra a los ambientalistas y amarga a los gobernadores mineros. Hasta que se revise el marco legal de fondo, los glaciares seguirán temblando.

La batalla final se dará ahora en el Senado
Coincidieron con dar lucha en esa instancia dos sectores que estaban en pugna: Greenpeace y Gioja.
Los dos sectores en pugna en torno a la ley de protección de glaciares tuvieron ayer una curiosa coincidencia: ambos alertaron que la batalla final es el Senado nacional, ya que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó públicamente que de ninguna manera volverá a vetar la ley que se apruebe.
El diputado Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador sanjuanino, aseveró que "esto debe ser revisado por el Senado donde las provincias que se ven perjudicadas tienen un peso específico ya que todos los distritos tienen tres senadores".
En tanto, Greenpeace alertó sobre "el riesgo de que la presión de los sectores mineros se traslade ahora al Senado, donde nuevamente intentarán bloquear la norma", expresó en un comunicado.
Los sectores pro minería tienen un trabajo difícil en el Senado, ya que desde el bloque del Frente para la Victoria el senador Daniel Filmus acordó con el diputado Miguel Bonasso (autor de la iniciativa que ayer tuvo media sanción) un proyecto en común. Filmus le garantizó a Bonasso y a otros opositores (como el radical Ricardo Mansur y el peronistas crítico Enrique Thomas) que "tiene los votos" en el Senado para darle sanción al proyecto. Seguidores de Gioja y opositores de otras provincias dejarán todo para que el Senado cambie lo que ayer aprobó la Cámara Baja.