A pesar del intento del oficialismo para boicotear la sesión, la Cámara de Diputados aprobó ayer en particular el proyecto de ley de protección de glaciares resistido por la Casa Rosada y las provincias mineras, pero la iniciativa deberá ahora pasar al Senado para su sanción definitiva.
Luego de que la oposición fracasara la semana pasada en su intento de conseguir quórum, ayer logró que 134 legisladores propios se sentaran en sus bancas en horario para iniciar el debate sobre los artículos 6 al 17, que habían quedado pendientes tras la votación en general del pasado 15 de julio.
La discusión en el recinto se centró en el artículo sexto, que prohíbe la exploración y explotación mineras en el área periglaciar («con suelos congelados que actúan como regulador del recurso hídrico»), aunque finalmente este texto resultó aprobado a mano alzada sin cambios a pesar del rechazo del oficialismo y del PRO.
En realidad, el artículo sexto es más amplio, ya que establece las prohibiciones de las actividades que pueden afectar a los glaciares y enumera entre ellas a las obras de infraestructura, a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y a la instalación de industrias, estas últimas también en el ambiente periglaciar, lo que restringiría muchos emprendimientos en evaluación en varias provincias en la Cordillera de los Andes.
En este marco, el kirchnerismo consideró excesiva la zona delimitada por el proyecto, consensuado por el diputado de Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, y el senador kirchnerista Daniel Filmus, pero no logró excluir al área periglaciar de las prohibiciones.
Sí hubo, en cambio, una modificación en el artículo 17 para que «no se autorice ningún emprendimiento hasta que la autoridad de control realice un inventario sobre los glaciares y el área periglaciar», a fin de establecer luego un sistema de evolución del impacto ambiental de la actividad y otro de infracciones y sanciones para el caso de contaminación.
Tras el debate, Bonasso festejó la aprobación y remarcó que los glaciares que tiene la Argentina son «un tesoro que hay que cuidar» porque «son fábricas de agua», en línea con el espíritu de la norma que busca preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y los considera «un bien de carácter público».
En cambio, el diputado del FPV por San Juan, Juan Carlos Gioja, sostuvo que el proyecto perjudicará «el desarrollo de las provincias cordilleranas», porque no establece «puntualmente qué zona abarca el área periglaciar».
«No es cierto que el agua tenga cianuro ni que las mujeres se mueran de cáncer. Eso es parte de la especulación política», sostuvo Gioja en respuesta a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, una de las principales defensoras de la iniciativa.
El proyecto de ley promovido por Bonasso es similar al que fue vetado por la presidente Cristina de Kirchner en 2008, aunque el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ya anunció que en caso de ser sancionado en el Senado el Ejecutivo lo promulgará pese a no estar de acuerdo.