Me pareció muy interesente el artículo sobre el tema del Sr. Trovarelli, que historia, documenta y hace propuestas que comparto, pero le agregaría mi opinión.
Partiendo de que el agua es el recurso más importante para nuestra Provincia, quien lo maneja es el organismo estatal llamado “Departamento General de Irrigación”. Es éste el que dispone cuanta agua hay para regadío, industrias y potabilización. Por lo tanto es el que debió reclamar por el veto de la Ley de Glaciares, fuente de donde proviene el agua y el que debe cuidar las reservas subterráneas de la contaminación de las petroleras.
Como dice el artículo citado, un gobierno del mismo signo lo privatizó, autorizado por la Legislatura, hizo la licitación y con el adjudicatario firmó un contrato de concesión con derechos, obligaciones y penalidades de ambos, Estado y Empresa.
El actual gobierno, aduce que la empresa incumplió y la interviene. ¿Cual es la salida, para no volver a cometer errores?
En primer lugar el ministro o el gobernador debe concurrir a la Legislatura para informar:
-Si el Estado Provincial cumplió las obligaciones contractuales.
-Si la empresa incumplió, qué medidas tomó éste o los anteriores gobiernos y qué sanciones aplicó.
-Qué resultados arrojó la intervención, qué descubrieron, cuánto personal incorporó, con qué sueldos.
-El pedido de los 10 millones de pesos, que serían aplicados a solventar la empresa por dos
meses o sea que no es una empresa rentable, por lo tanto no es para inversiones.
-Debe explicar si hay la posibilidad de un juicio como reclama la empresa (algo de 132 millones de dólares que deberá pagar el Estado, o sea todos los habitantes de la Provincia y en mi caso que tengo el servicio Municipal de Luján y los que no tienen agua potable, estaríamos pagando con los impuestos provinciales, inmobiliario, patentes, ingresos brutos, etc, un servicio que prestan a otros).
-En el contrato firmado debe haber razones valederas de reclamo, y si la empresa no tiene razón, en el mismo debe figurar la forma de dilucidar el diferendo y si es necesario recurrir a la Justicia, de manera que la transición del privado al Estado Provincial sea límpido-.
-En cuanto al futuro, hay que definir la diferencia entre Estado, que somos todos los habitantes de la Provincia y el gobierno de turno, que elegimos, para que administre el Estado.
Estoy totalmente de acuerdo con que el servicio debe ser prestado por el Estado Provincial, comunal (como son en Luján y Maipú) u otros efectores, pero debe estar dirigido por un ente similar al de Irrigación, con un Directorio integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y una participación de los trabajadores y contar con una auditoría externa que controle al aparato administrativo, que podría ser a propuesta de las Universidades.
El objetivo de este Directorio es dirigirla como una empresa, que brinde un buen servicio, agua de calidad y al menor costo, cuyo presupuesto debe tener un resultado neutro, más una reserva para inversiones.

Pedro F. López
DNI 6.825.065