Las Naciones Unidas declararon el acceso al agua potable como un derecho humano. Para millones de habitantes de la región es una esperanza en su lucha por mejorar su calidad de vida. Qué opinan los especialistas sobre este cambio de enfoque sobre el agua y su utilización.
La iniciativa del presidente de Bolivia Evo Morales, ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) hace unas semanas, declaró el acceso al agua potable como “un derecho humano”. A partir de esto, se abre una nueva era en la relación de las sociedades con los recursos naturales. La medida, mágicamente, no solucionará la falta de acceso al vital elemento, ni a los graves problemas sanitarios que acarrea el consumo de agua contaminada. Tampoco cambiará de forma radical la falta de infraestructura que viven vastas zonas, en especial el conurbano bonaerense. Pero puede ser un inicio.
Por lo pronto, la votación en la ONU acomoda de alguna forma los intereses de los países. La propuesta presentada por Bolivia fue respaldada por otros 33 estados, y contó con 122 votos a favor. Se opusieron, entre otros, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, todo un símbolo de los intereses que se ponen en juego. “El derecho al agua potable no es vinculante en el marco del derecho internacional, por lo que su cumplimiento no es exigible por ley ni siquiera para los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta declaración tiene un importante valor simbólico e influye en la política de la ONU y de varios países en donde el agua es tratada como una mercancía más. La declaración del agua como Derecho Humano es, sin dudas, un paso importante. Pero de por sí sola no hará que ni una sola persona, que hoy no puede acceder a la cuota mínima necesaria para su subsistencia, pueda hacerlo mañana”, explicó en diálogo con Diario del Sur Ricardo Natalicio, director del sitio EcoPortal.net, uno de los más importantes en materia ambiental del país.
La falta de acceso al agua potable trae graves problemas de salud en todo el mundo. Según cifras de la propia ONU, 884 millones de personas no tienen una conexión segura y más de 2600 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. Las consecuencias son devastadoras, y pocas veces difundidas. Como bien denunció el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, durante la presentación de la iniciativa, “cada año más de tres millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los cinco años”.
Pero no sólo la falta de agua potable es una cuestión sanitaria. El uso del agua en distintas industrias y emprendimientos empresariales —como la denostada minería a cielo abierto— son otro aspecto de esta cuestión. “Para fabricar un solo litro de una bebida refrescante como la Coca-Cola, se utilizan entre 175 y 200 litros de agua, mientras que son alrededor de 300 litros de agua los que se necesitan para producir un litro de cerveza. Un microchip necesita 16.000 litros al igual que un kilo de carne vacuna. Para producir una tonelada de cobre se utilizan 320.000 litros. La mina La Alumbrera utiliza más de 51 millones de litros de agua por día”, grafica Natalicio.
El poder económico de estos sectores hace que no haya controles en el consumo (Natalicio asegura que el uso del agua por parte de las empresas “está desbocado, descontrolado y deshumanizado”), y deja una sensación temible: sólo hay agua para quien la paga.

Conurbano, tierra seca
Si hay alguna zona del país donde el agua potable es un problema delicado es el conurbano bonaerense. La mezcla de falta de infraestructura, contaminación y escasez de recursos hace de la región una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo explotará. El agua falta, y esta situación afecta a millones de personas. Según el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es “una obligación impostergable el acceso a agua segura en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.(1) En el Gran Buenos Aires, “más de 3,3 millones de personas no cuentan con agua potable de red: 2.150.448 en el área de la concesión de Agua y Saneamientos de Argentina (AySA) y 1.206.878 en el de Aguas Bonaerenses (ABSA)”. La distribución geográfica de esta carencia demuestra la asimetría que hay entre Capital Federal, zona norte y zona sur del conurbano. Así lo demuestra el trabajo del CELS: “mientras en la ciudad de Buenos Aires habría menos de un uno por ciento de la población sin este servicio, en la zona norte ascendería a un 15 por ciento y en las zonas oeste y sur la cantidad de personas sin agua potable de red llegaría a representar un 44 y 32 por ciento respectivamente”.
“La situación actual de los distintos distritos y barrios del conurbano bonaerense es bastante complicada, si tenemos en cuenta que los gobiernos nacional, provinciales y municipales priorizan la instalación de industrias y mega emprendimientos contaminantes como sea”, critica Juan Vegué, miembro del Foro Hídrico de Almirante Brown. En diálogo con Diario del Sur, Vegué asegura que el problema radica en que “no dan soluciones a los asentamientos y barrios sin saneamiento ni atención primaria de la salud y otras cuestiones, en igual sentido que pertenecen a las necesidades básicas del ser humano como persona titular de derechos por sobre el crecimiento a cualquier costo de las corporaciones o grupos económicos”.
Al igual que Natalicio, Vegué no cree que la declaración sea suficiente, pero es un avance. “No es lo mismo declarar que reconocer, y por ello bregamos para que cada gobierno involucrado en el problema entienda que la inversión en infraestructura sanitaria es el ABC de la vida, la salud y el hábitat. Es el punto de partida del desarrollo humano, es el futuro de nuestros descendientes y la garantía de una vida digna por el resto del tiempo que le quede a cada uno de nosotros”, expresó.
Además de las 25 enfermedades que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona directamente con el consumo de agua contaminada,(2) el problema de la falta de agua en el conurbano impacta en la economía hogareña al no tener agua confiable para tomar. En este sentido, el estudio ya citado del CELS subraya este fenómeno: “quienes no están conectados a ninguna red de abastecimiento no tienen en general otra alternativa que recurrir al mercado formal o informal de agua envasada. Teniendo en cuenta que la OMS ha fijado en 7,5 litros por persona por día la cantidad mínima indispensable de agua necesaria para consumo (sólo para bebida y preparación de alimentos), podemos concluir que una familia tipo tendría que consumir unos 30 litros de agua potable por día, como mínimo indispensable para preservar su salud, lo que equivale a 900 litros por mes. Si adquieren bidones de agua de 20 litros, necesitan comprar 45 bidones por mes para satisfacer su necesidad básica de agua para consumo, lo que equivale a un gasto de aproximadamente 675 pesos por mes”.

Proyección 2030
Dadas las actuales condiciones, las proyecciones —incluso las más optimistas— marcan un futuro inmediato bastante sombrío con respecto al acceso al agua. Así lo verifica un informe de las Naciones Unidas de 2009, el cual estima que, “para el año 2015, el 47 por ciento de la población mundial vivirá en zonas áridas y para 2030, unos 700 millones de personas podrían dejar sus lugares de origen por la escasez de agua y falta de saneamiento básico”.(3) Así, la construcción de redes sanitarias se hace imprescindible. “La falta de provisión de agua potable y saneamiento por parte del Estado argentino es muy amplia en el conurbano, creemos que alcanza un 60 por ciento o más del total de la población. En Almirante Brown, por ejemplo, ronda el 80 por ciento, con un impacto similar independientemente de la zona del conurbano que se quiera estudiar. La diferencia que podremos encontrar, según barrios, es en el nivel de gravedad de ese impacto en la salud de acuerdo con la cercanía a pozos negros, napas elevadas, industrias, cursos de agua, zonas bajas, densidad de población y otros factores que potencian la contaminación del agua de consumo que obligadamente debe ingerir el ciudadano de su humilde perforación descentralizada y sin tratamiento”, describió Vegué.
Este panorama exige un proyecto integral para garantizar el acceso al agua, en toda la región, el país y el planeta. Y así lograr hacer respetar este nuevo derecho humano, flamantemente consagrado con el impulso de los más débiles. “Ya llevamos 210 años en la Argentina sin las redes de agua y cloacas en gran parte del territorio urbanizado y estamos pagando una botella de agua a valores de un litro de nafta, por lo que creemos que la cuestión es bastante crítica”, concluyó.

Referencias
1. Este trabajo, realizado en el marco del Programa Servicios Públicos del CELS, se editó en noviembre de 2009.
2. Entre las enfermedades más comunes nombradas por la OMS se encuentran las siguientes: diarrea, hepatitis, cólera, malnutrición, intoxicaciones, etcétera. A su vez, la OMS clasifica esas patologías y enfermedades según su modo de transmisión en: enfermedades causadas por consumir agua contaminada; vinculadas a la escasez de agua, causadas por el uso de volúmenes inadecuados de agua para la higiene personal; de origen vectorial relacionadas con el agua.
3. Prensa Latina, 29 de julio de 2010.