Mientras el defensor del Pueblo de Tucumán, Jorge García Mena, insiste con buscar sanciones “por vías administrativas” para los responsables de la mortandad de miles de peces en el embalse, su par santiagueño Martín Díaz Achával sigue adelante con la confección de un recurso de amparo que paralice la producción de aquellas industrias que hayan arrojado desechos a los ríos sin tratamiento previo.
Así quedó establecido ayer, en una reunión que los funcionarios mantuvieron cerca del mediodía en la Capital Federal, en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a donde concurrieron para participar de un encuentro de ombudsman de todo el país, pero dada la trascendencia de la crisis del embalse, se resolvió incorporar el tema y convocar al Consejo de Defensores de la Cuenca Salía-Dulce para tratar de avanzar hacia una posible solución.
Del encuentro participaron, además de García Mena y Díaz Achával, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dra. Cristina Maiztegui, y la defensora adjunta de Córdoba, Patricia Calandin, además de asesores ambientales.

Reglamentación
Allí se dispuso el estado de sesión permanente del cuerpo, se resolvió pedir informes al Comité de la Cuenca y reclamar a la Nación la reglamentación de la ley nacional de uso racional de agua.
“Se trata de la ley que reglamenta el funcionamiento de los comités de cuenca en el país, que ahora dependen de los acuerdos de voluntades; también establece los requisitos mínimos del poder jurisdiccional de los comités que hoy están sobre la base de los acuerdos de los gobernadores y de la Nación, pero sería bueno que tengan mayores responsabilidades para poder responder ante determinadas situaciones y con un mayor poder de control y sanción a las empresas que contaminan”, explicó Díaz Achával a EL LIBERAL.
Sobre la posición individual de cada defensoría, dijo que Córdoba seguirá el tema expectante, recabando información; mientras que Tucumán “se comprometió a profundizar los pasos administrativos que vino dando para tratar de frenar la contaminación con la decisión apostar a la búsqueda de sanciones administrativas”, a diferencia de Santiago del Estero irá por la vía judicial.
Respecto al informe que emita el Comité de Cuenca sobre los efectos de la contaminación, Díaz Achával dijo que “puede definir una actitud del Gobierno de Tucumán, pero si esas decisiones son efectivas y rápidas, podrían conseguir que el amparo que presentemos quede en abstracto si es que hace cesar la contaminación, tal como se pretende”.