El juez federal Ariel Lijo ordenó varios procedimientos para determinar si se cometieron irregularidades en la preadjudicación de la central hidroeléctrica Chihuido I: algunas de esas diligencias judiciales se realizaron en el ministerio de Planificación Federal y en las empresas favorecidas con el contrato.
Hasta el ministerio que encabeza Julio De Vido fueron los funcionarios del juzgado de Lijo y personal de Gendarmería para buscar la documentación sobre el trámite que se hizo para que las empresas Electroingeniería –de Gerardo Ferreyra– y CPC –de Cristóbal López–, cercanas al kirchnerismo, fueran las preadjudicatarios de la obra de 1.560 millones de dólares otorgada por el gobierno de la provincia de Neuquén.
Lijo firmó una “orden de presentación” para que tanto el ministerio, la gobernación neuquina, Electroingeniería y CPC entreguen documentación.
Ese es un procedimiento similar a un allanamiento.
La diferencia reside en que en el allanamiento se busca material sin ninguna precisión y en la orden de presentación se establece claramente cuál es la carpeta solicitada.
En el caso de Planificación se fue a buscar toda la documentación sobre el proceso licitatorio y acerca de quién ejerció el control de esa licitación.
También ordenó el mismo trámite en la gobernación de Neuquén porque fue la que determinó que la unión transitoria de empresas (UTE) EISA-OAS-CPC-Hidrocuyo-Rovella Carranza se quedara con la preadjudicación de la millonaria obra. Lijo pidió la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe la constitución de todas las empresas que conformaron la UTE que resultó beneficiada.
Las medidas de Lijo fueron dispuestas luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano firmó el requerimiento de instrucción con el que impulsó la investigación. Taiano no identificó, por ahora, a los imputados en el caso que comenzó por una denuncia de diputados de la Coalición Cívica. Los diputados habían denunciado que “ … existió un direccionamiento para que sean beneficiadas las empresas pertenecientes a Ferreyra y López, en atención a que los argumentos esgrimidos para la preadjudicación en base a un supuesto criterio utilizado para evaluar las propuestas económicas de las distintas empresas presentadas, a nuestro entender resultan totalmente inequitativas, ilegales y violatorias de la igualdad y competencia que debe prevalecer en una compulsa de precios”.
Los legisladores señalaron que “el sistema de corrupción y sobreprecios se focaliza en la obra pública. Parte de la misma, sobre todo, el plan de obras prioritarias, es financiado directamente con el Fondo de Garantías Solidarias (es decir, los recursos de los actuales y futuros jubilados). En este caso el financiamiento aparece en forma indirecta, ya que los empresarios amigos del Gobierno reciben importantes créditos para hacer estas obras de bancos que son permanentemente beneficiados por imposiciones a plazo de ANSES”.
Los bancos que aportaron el financiamiento “propio” del consorcio ganador son el BNDS de Brasil, Banco de Córdoba y Macro y el respaldo de esas entidades es el Estado Nacional a través de ANSES. Por eso Lijo pidió al Macro y al Banco de Córdoba las copias de los estatutos y los acuerdos realizados con ANSES y FGS.
A todas las empresas asociadas para realizar la obra y al ministerio de Planificación les pidió el organigrama para poder identificar a todas las personas que trabajaron en el proceso de preadjudicación. Ese proceso fue cuestionado por el consorcio Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) que fue dejado de lado en la preadjudicación.
Enrique Pescarmona denunció que la obra fue entregada al grupo que presentó “el mayor costo de construcción, la tarifa más cara y un financiamiento que no cumplió con las exigencias del pliego”. El juez solicitó al gobierno neuquino que envíe a los tribunales las impugnaciones presentadas y también a la empresa que conduce Enrique Pescarmona que presente la documentación en la que basó su impugnación.
Finalmente Lijo pidió que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) órganos de control del Estado, remitan, si es que hicieron, informes sobre el proceso de licitación de Chihuido.
Casi todo su equipo está en la mira de la justicia
Casi todo el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido está en la mira de la Justicia. Sólo el ministro acumula más de una decena de causas por posible irregularidades en temas relacionados con la obra pública, el transporte y la energía.
La Justicia, por ejemplo, está cruzando los llamados telefónicos del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, en la causa Skanska, ya que quiere saber si el funcionario participó del armado de facturas truchas vinculadas a ese caso.
En este expediente, además, fue indagado Fulvio Madaro, quien era titular del Enargas cuando se hicieron las obras de ese gasoducto.
Por otra parte, un expediente que tiene el juez Julián Ercolini investiga si funciona una asociación ilícita en Planificación. Por eso, aparecen denunciados además de De Vido, el secretario de Energía, Daniel Cameron, el primo del ex presidente y subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Néstor Carlos Kirchner, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime (el mejor rankeado en los tribunales de Comodoro Py ya que acumula una ventintena de causas) y el ex titular de l Occovi, Claudio Uberti.
Todos ellos fueron miembros de la cartera de Planificación.
La lista de funcionarios con causa penales incluye además al secretario de Obra Pública, José López a quien, la Cámara Federal, ordenó que se lo siguiera investigando por enriquecimiento ilícito.

Con los privilegios que ofrece el mejor acceso a Olivos
Cristóbal López y Gerardo Ferreyra –de Electroingeniería– cuentan con la confianza de Kirchner.
Por Juan Cruz Sanz
Sospechas de corrupción, represa de Chihuido Cuando el kirchnerismo desembarcó en Casa Rosada, Cristóbal López y Gerardo Ferreyra no se conocían, pero sabían que sus caminos iban por vías rápidas distintas y confluían en la misma terminal: la Quinta de Olivos.
López y Ferreyra, son los dueños de los dos grupos empresarios con más llegada a la mesa chica del Gobierno Nacional. López es el CEO del Grupo Indalo, donde confluyen todas sus empresas. Por Casino Club, la más importante, se ganó el mote que lo disgusta: el zar del Juego.
Su excelente relación con Néstor Kirchner quedó en evidencia cinco días antes de que el santacruceño le dejara la presidencia a su esposa. Uno de sus últimos decretos, el 1851, le concedió a López la prórroga del plazo de concesión de la explotación del Hipódromo de Palermo, hasta el 2032. Apenas un guiño K, para un negocio que le genera ingresos por más de 1.000 millones de pesos . Con sus catorce empresas, López factura 4 mil millones de pesos al año.
Junto a Osvaldo Acosta, Gerardo Ferreyra es uno de los dueños de Electroingeniería S.A. Ferreyra es un fanático de Belgrano de Córdoba e ingeniero electrónico, que encontró en las relaciones con Kirchner la receta para crecer y pasar de ser dueño de una desconocida empresa dedicada a arreglar tableros eléctricos a titular de un imperio de la obra pública.
En plena campaña del 2003, Ferreyra reflotó un viejo contacto con un ex compañero de pabellón de cuando estuvo preso en la última dictadura: Carlos Zannini. La relación con el Chino, el sobrenombre del actual secretario de Legal y Técnica, le sirvió para llegar al ministro de Planificación, Julio De Vido. Junto a otras vinculaciones menores, ahí estuvo el secreto. Su facturación saltó de US$ 65 millones en 2001 a US$ 110 millones en 2006, la última vez que la empresa hizo público su balance.
Electroingeniería se quedó con las principales obras de transmisión eléctrica que licitó el kirchnerismo. En total, más de $2.000 millones.
Su llegada al poder es tan certera que desplazó al santacruceño y socio presidencial Lázaro Báez y está próxima a adjudicarse uno de los cuatro tramos del interconectado eléctrico de Santa Cruz.
López –con su nueva constructora, CPC– y Electroingeniería, se asociaron en el último año.
No les fue mal.
Juntos fueron beneficiados en Neuquén con la preadjudicación de la obra hidroeléctrica de Chihuido. Una obra de US$1.500 millones que ahora está en la mira de la Justicia. Ferreyra y López se conocieron hace seis años. El cordobés tentó en varias oportunidades a López para cerrar acuerdos empresariales.
La primera fue la participación en Transener, que López desechó. Después llegó el ofrecimiento para una de las obras de transmisión eléctrica, que tampoco convencieron al hombre del juego. Finalmente llegaron dos propuestas hidroeléctricas: Chihuido o Condor Cliff–La Barrancosa en Santa Cruz. López eligió la primera.
Electroingeniería, produce “Don Oreste”, un vino de bajo precio que según su etiqueta es ideal “para acompañar un cordero patagónico” , la carne preferida de dos patagónicos: Cristóbal y Néstor.

Antecedentes
El fuerte crecimiento a la luz del poder
El empresario Cristóbal López es el número uno en el juego de azar de la Argentina. Hasta el 2003, era un hombre rico pero el crecimiento meteórico de su fortuna llegó con los Kirchner en la presidencia. Actualmente, lidera el grupo Indalo, el holding que agrupa a todas sus empresas. El negocio del juego le permite facturar más de $4.000 millones al año. Además, está creciendo en el negocio petrolero ya que compró activos de la brasileña Petrobras en el país.
Casino Club fue el primer caballo de batalla de Cristóbal López. Hoy es una de as empresas líderes del sector del juego con 14 casinos y 14 salas tragamonedas en las provincias de Misiones, La Rioja, Mendoza, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe y Neuquén. Su facturación ronda los 650 millones de pesos.
Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra son los dueños de Electroingeniería, la empresa que juega en primera categoría en la obra pública y en infraestructura. Sus principales negocios fueron hechos a través de la adjudicación de obras de generación y transmisión eléctrica. También con la compra de empresas y la obtención de concesiones viales. El único negocio de la firma “ajeno” al rubro energético fue la compra de Radio del Plata.