Tras un largo y cambiante proceso licitatorio, el Gobierno decidió preadjudicar la megaobra hidroeléctrica de Condor Cliff-La Barrancosa al consorcio que integran las empresas Pescarmona, Corporación América (grupo Eurenkian) y la compañía brasileña Camargo Correa.
Ubicado sobre el río Santa Cruz, el complejo hidroeléctrico constituye la mayor obra de infraestructura energética de la gestión kirchnerista y su construcción implicará una inversión estatal de $ 16.400 millones que supera el desembolso que estaba previsto para el frustrado Tren Bala.
El costo quedó sobre el tapete luego de que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo afirmara que la inversión era menos de la mitad de los $ 16.000 millones que saldrá ahora el proyecto . Además, la titular del ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic, denunció que varios campos a deberán expropiarse para la obra fueron comprados en los últimos años por Lázaro Báez, uno de los empresarios más cercanos a Kirchner.
Las dos usinas en juego tendrán una potencia instalada de 1.740 MW, que le permitirán producir una energía equivalente al 8 % de la generación nacional.
Si se cumplen los plazos, las obras demandarán alrededor de 6 años y generarán unos 5.000 puestos de trabajos.
Iniciada a principios de 2007, la licitación de la megaobra santacruceña registró varias modificaciones y demoras.
Tras la crisis económica del año pasado, la Nación decidió cambiar las reglas de juego para viabilizar la concreción de la obra.
Por un lado, se incluyó el proyecto en el “Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas” que fue creado a principios de 2009 el año pasado con el doble fin de asegurar el financiamiento y la ejecución de la obra en las próximas administraciones.
Y por otro lado, se autorizó a la CAMMESA –la compañía administradora del mercado eléctrico– a suscribir un contrato de compra por toda la energía que provean las centrales a un plazo de 15 años y con tarifas diferenciales que reconozcan los costos operativos y el repago de las obras.
A eso se agregó otra modificación significativa: se les quitó a los oferentes la obligación de arrimar un financiamiento privado por 51% del proyecto. Con las nuevas reglas licitatorias, los interesados podían ofrecer o no algún tipo de financiación privada.
En esta nueva instancia, la pelea por la megaobra quedó planteada entre tres consorcios de constructoras y empresas de ingeniería que tienen una fluida llegada a la Casa Rosada.
Con una oferta que se ubicó en torno de los $ 16.400 millones y una propuesta de financiamiento privado del orden de los $ 2.000 milllones, cantó victoria el consorcio que lidera IMPSA (Industria Metarlúrgica Pescarmona) y que lleva como socios a Eurnekian y al grupo brasileño Camargo Correa, el dueño de la cementera Loma Negra.