La reciente aprobación del Código Hídrico por parte de la Legislatura Provincial abre una nueva expectativa sobre el trajinado tema del agua en la provincia. En principio la sanción de esa ley no puede menos que ser saludada como positiva, ya que la provincia, pese a intentos que se remontan a más de una década, no había conseguido concretar una herramienta legal al respecto. Esa carencia puede atribuirse tanto a la falta de interés de sucesivos gobiernos como a la poca tradición que en el manejo racional del agua existe entre nosotros.
La fuerza de los hechos, sin embargo, fue haciendo más perentoria la necesidad de contar con una normativa clara y efectiva. Así como en lo político La Pampa ya no es aquella "isla" que idealizaban algunas concepciones, algo parecido ha ocurrido con la problemática hídrica. Dejando de lado nuestro desventurado presente en cuanto a los ríos interprovinciales, cada vez más degradados al llegar a nuestro territorio, el problema del agua ha comenzado a hacerse sentir entre nosotros al igual que en el resto del mundo: cada vez mayor número de personas reclama acceso al líquido vital en tanto que, paradojalmente, lo contamina real o potencialmente. Por otra parte el progreso y crecimiento de la provincia -reducido a cero en los últimos años- va de la mano con la disposición de agua para cualquier emprendimiento.
Así entonces los acuíferos que alberga el suelo pampeano han pasado a multiplicar su importancia y, consiguientemente, reclamar un uso racional y claro, condición ésta que solamente puede surgir de la normativa legal. No hace falta ir muy lejos para ejemplificar lo dicho: el agua que nutre parte de la población de Santa Rosa y Toay se saliniza aceleradamente debido a su mal uso, según se denunciara casi dos años atrás y sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas al respecto. No está demás recordar que un acuífero subterráneo, al salinizarse, ya nunca podrá revertir esa condición.
Pero también se puede pensar que, en un sentido estrictamente político y gubernamental, el nuevo Código hará un aporte muy importante. Es que actualmente el Estado pampeano cuenta con no menos de cuatro organismos que entienden en la problemática del agua, ya sea ésta superficial o subterránea, y cada uno de ellos con su parcela de poder y posibilidades que no pocas veces se superponen. Falta la unificación de esos esfuerzos, la armonización de todos esos compartimientos que obran en forma separada y sin una perspectiva global, tanto en lo técnico como en lo político. El nuevo Código puede convertirse en la herramienta ideal para suplir esa falta ya que entre sus posibilidades está la creación de una Autoridad del Agua, a la que se supone única y abarcativa.
Si aquella perspectiva se concretara según contempla la flamante ley, su implementación podría ser una gran oportunidad para el gobierno a fin de gestar un organismo dinámico, eficiente y ordenado que debería ubicarse por encima de cualquier bandería o parcialidad política además ser dirigido por técnicos capaces que cuenten con la imprescindible visión de futuro que el tema reclama.