La ciudad de México vive una “crisis permanente” en cuanto al suministro de agua potable. Al menos 900 mil personas no tienen acceso al líquido; de allí la importancia de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya reconocido el derecho humano al agua y su saneamiento, pues obliga al gobierno a dejar de ver este tema sólo como la prestación de un servicio público, coincidieron organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Durante una conferencia sobre las implicaciones de la resolución de la ONU aprobada el 28 de julio pasado, Blanca Jiménez Cisneros, coordinadora de la Red del Agua de la Academia de Ciencias de la UNAM, lamentó que en México sólo se invierta 0.5 por ciento del PIB en este rubro, cuando el mínimo recomendado por la ONU es 2 por ciento.
Sobre la carencia del líquido en la zona metropolitana del valle de México, que afecta principalmente a la zona oriente, la investigadora manifestó que se debe al crecimiento demográfico, principalmente en el estado de México. “Para que el agua alcance (en esta área) tendrían que retirarse 5 millones de personas”, tanto del DF como de la entidad mexiquense, resaltó.
Claudia Campero Arenas, integrante de la coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), señaló que la “crisis permanente” por la escasez del líquido no se resuelve con las llamadas lluvias atípicas –que según las autoridades han permitido recuperar los niveles en el Sistema Cutzamala–, sino con soluciones de largo plazo.
El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, se pronunció por políticas públicas que garanticen el acceso al líquido tanto en calidad como en cantidad, y sin que haya desigualdad en su suministro.