El tema no es nuevo, pero acaba de producirse otra señal de alerta: la reciente mortandad de cuatro toneladas de peces en el Embalse de Río Hondo, a causa de la grave contaminación que afecta a toda la cuenca del río Salí-Dulce, que comienza en Tucumán y finaliza en Mar Chiquita.
Si bien la situación aún no es tan grave en la laguna cordobesa como en las otras dos provincias, hace años que las advertencias no cesan, y se intenta ponerles un freno a las industrias contaminantes para no llegar a una situación similar en Córdoba.
Tras una reunión convocada de urgencia por el Consejo de Defensores del Pueblo de la cuenca -a raíz de las muertes de los peces-, se concluyó que son insuficientes los esfuerzos de la Nación contra la contaminación ambiental en estas regiones.
La Defensoría nacional planteó que "la Nación no se ha ocupado integralmente de la grave contaminación ambiental que sufren santiagueños, tucumanos y cordobeses que viven cuenca abajo, linderos a los ríos Salí, Dulce y a la laguna de Mar Chiquita, los que afectan directa e indirectamente a casi cinco millones de habitantes".
"Hemos convocado a la reunión de urgencia ante los nuevos episodios de mortandad masiva de peces: sábalos, tarariras, bagres y pejerreyes, acontecido en los últimos 15 días".

En aumento. Los defensores provinciales recorrieron el lugar y constataron a través de muestreos la falta total de oxígeno en el agua, lo que confirmaría que "nuevamente empresas tucumanas han incrementado la contaminación en la cuenca", expresó el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional, Anselmo Sella.
El Consejo de Defensores del Pueblo de la cuenca manifestó su preocupación y se declaró en estado de alerta. Solicitó que en el plazo de 48 horas el Comité Interjurisdiccional de la cuenca presente informes ante la situación planteada, y reclamó la reglamentación de la ley 25.688 de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de las Aguas, para que la Nación asuma las competencias que ésta le asigna.

Acciones. La Defensoría de Tucumán continuará su accionar por la vía administrativa con los pedidos de informes al Comité de Cuenca y a la Secretaría de Medio Ambiente de esa provincia; la Defensoría de Santiago del Estero iniciará acciones judiciales; mientras que la Defensoría de Córdoba se mantendrá expectante, en alerta y en permanente consulta con el resto de los miembros del Consejo.
Por su parte, la Defensoría nacional difundió un informe elaborado por personal técnico de su área de Medio Ambiente, en el que se destaca que el seguimiento de la implementación del Plan de Gestión para la Cuenca muestra que el papel de la Nación resulta deficitario.
Por ejemplo, señala que no se está realizando un monitoreo integral de la calidad del agua de la cuenca, ni se cuenta con un registro de datos histórico y sistematizado que permita tener un conocimiento de la evolución del recurso.
Tampoco se han definido los usos del agua y sus tributarios, y falta determinar cuáles son los límites máximos de contaminación y los estándares ambientales de calidad de aguas en base al principio de progresividad.