La cuestión de “la verdad” ha estado muy conectada al pensamiento de la filosofía política. En los siglos XIX y XX, la “política” crítica y emancipadora fue considerada como una actividad humana productora de “verdad”; así la entendían Karl Marx, que tiñó a la ideología dominante de falsedad mientras adjudicaba a su teoría política la capacidad de develarla, y también Antonio Gramsci, que acuñó su famosa sentencia “la verdad es revolucionaria”. Cuando muchos filósofos políticos sostienen que en nuestros días esa política ha retrocedido para dejar un vacío que intenta ocupar la pura “política como gestión”, podemos comprender por qué el problema de la verdad está tan vapuleado y manoseado. La “verdad” ya no es un problema constitutivo de la política; por el contrario, en esta política con la que convivimos el sostenimiento de la falsedad o la mentira se presenta como un dispositivo central utilizado por los factores de poder en sus modos de gestión.
De ningún modo sostenemos que las relaciones sociales son transparentes o podrían serlo; pero la opacidad de las mismas y sobre todo cuando se trata de la gestión pública o de los bienes comunes, tiene que encontrar un límite establecido por la sociedad. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es ese límite hoy? ¿Quiénes lo generan?
Asistimos a situaciones que ponen de manifiesto este retroceso de la “verdad” en los ámbitos del poder. El jefe de Gobierno porteño es procesado por permitir funcionar en su administración a un grupo que llevaba a cabo escuchas ilegales para no se sabe bien qué fines. Todos fuimos testigos de esos nombramientos y “contranombramientos” que lo han comprometido judicialmente; una y otra vez escuchamos y vimos a un Macri defendiendo a tal o cual personaje que ahora parece desconocer. No obstante, cuando unos jueces se toman en serio su trabajo y deciden procesarlo, vemos y escuchamos miles de veces por día “es mentira”, “yo no dije eso, lo dice el juez”, “no hay pruebas”. Se dice que quienes lo asesoran lo conducen a mantener ciertas posiciones y no apartarse de ellas bajo el supuesto de que a los porteños no les importan ni las escuchas ilegales ni las mentiras. ¿Qué hipótesis de ciudadano porteño tienen esos asesores? ¿Qué idea de sujeto están sosteniendo las políticas y los políticos del modelo neoliberal?
Esta situación de un dirigente de alta jerarquía mintiendo se nos muestra porque es una disputa dentro del poder político. Muchas personas importantes con acceso a los medios masivos ayudan a desactivar las estrategias de Macri-PRO y las mentiras aparecen con más nitidez que en otras ocasiones. Pero en muchas otras situaciones no sucede así porque los actores poderosos acuerdan en sostener aquello enunciado como verdad y la mantienen férreamente en el tiempo. Abandonemos el espacio político y vayamos al económico, donde la complejidad es aún mayor, ya que se trata de construcciones donde intervienen actores económicos (corporaciones internacionales) y políticos (gobernadores, ministros, etc.). Allí la cuestión de la “verdad” se juega, por ejemplo, en relación con las consecuencias de la actividad en cuestión: la minería a cielo abierto, las pasteras y papeleras, el agronegocio, y otras actividades extractivas. Recordemos que se trata de la utilización y gestión de bienes comunes.
Las corporaciones (léase UPM-Botnia, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sostienen “no hay contaminación”, “no hay enfermedades alrededor de las instalaciones o fumigaciones”, etc., y el “principio precautorio” es enterrado junto con la primera víctima de la contaminación. En efecto, científicos, poblaciones enteras, médicos de las localidades pueden demostrar relaciones significativas entre los insumos de estas actividades (cianuro, glifosato, etc.) y desastres ambientales y de la salud pública, pero estos actores siguen manteniendo que “no hay contaminación”. El domingo 25 de julio, en este diario, dos científicas contaron sus hallazgos con referencia a la contaminación de las pasteras, pero se sigue sosteniendo “UPM-Botnia no contamina” y hasta la Corte de La Haya repite aquello que los poderes económicos internacionales quieren oír: “No hay pruebas”. Se seguirá manteniendo que las mineras, las pasteras, el agronegocio “no contaminan” tanto como sea necesario a los negocios. Cuando es necesario, hasta se recurre a la violencia, como sucedió en La Leonesa, Chaco, con el investigador Andrés Carrasco, para sostener que “el glifosato no contamina”.
Lo que deseamos mostrar es que estos modelos económico-políticos de tiempos de globalización neoliberal se ven obligados a sostener grandes mentiras debido a que saben que sus propuestas no favorecen a los conjuntos sociales, pero necesitan cierto consenso que emana de ellos. Recurren entonces a este dispositivo con el asesoramiento “marketinero” que trata de imponer “las verdades” (o no verdades) con la pura repetición. No obstante, algún espectro de aquella otra política emancipatoria ahora actualizada puede circular entre nosotros e iluminar la opacidad de estas relaciones con la acción humana y colectiva de variados actores. Allí es donde aparece la posibilidad de construcción de una “verdad” mínima y necesaria para mantener los lazos de confianza que sustenten la búsqueda de una sociedad mejor.