A dos años de la sentencia que dispuso la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema ha debido volver a pronunciarse, intimando al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a cumplir con el saneamiento. Nuevamente, entonces, ha quedado en evidencia el rol activo de la Justicia en una cuestión ambiental que afecta a siete millones de personas y la mora de las entidades públicas obligadas a cumplir con la tarea.
Las administraciones públicas de las jurisdicciones implicadas siguen, entonces, presentando reparos y dilatan el acatamiento al fallo, ante lo cual la Corte ha entendido que se registraron “incumplimientos injustificados” y encomendó al juez federal de Quilmes que adopte las medidas necesarias para el inmediato cumplimiento del plan de saneamiento, incluyendo la imposición de multas a los funcionarios.
De este modo, con toda su autoridad, el Máximo Tribunal ratifica la necesidad de que el plan de saneamiento se lleve adelante, revirtiendo las demoras que, además de ilegítimas, agravan el riesgo ambiental.
La desidia y la reticencia de los funcionarios hallan, de esta manera, un límite, aplicándose una pauta de responsabilidad a los órganos públicos por la inobservancia de los mandatos judiciales.
La actitud de la Corte, entonces, resulta apropiada para que se tomen con seriedad las decisiones de la Justicia que se orientan a salvar las omisiones y deficiencias de los poderes administradores que lesionan derechos constitucionales.
De un modo ejemplificador, la Corte ha dispuesto que se multe el incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios de la determinación judicial de sanear el Riachuelo.