La construcción de la represa Ayuí Grande es, desde setiembre de 2008, una verdadera cuestión de Estado para la Argentina. Y secreta, porque se mantuvo en silencio hasta ahora. Así lo confirma en su edición de ayer del diario Tiempo Argentino, donde publica una serie de documentación “confidencial”. Se trata de varias cartas y notas internas que intercambiaron altos funcionarios de la Cancillería argentina; de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Dacaru). Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de setiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. Es que el intercambio ocurrió en pleno conflicto diplomático con el Uruguay, por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. Y lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros, podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el río Uruguay, el mismo lugar en el que transcurrió el conflicto.
La posibilidad de un nuevo enfrentamiento bilateral alertó a las autoridades, que dejaron su preocupación por escrito. El 18 de enero de 2010, la Dacaru exigió información al gobierno correntino para determinar “el efecto negativo que podría tener (que) en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uurguay”.
“Esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos», comentó una alta fuente diplomática que no quiso dar su nombre.