El consorcio productivo tiene prevista la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas para el riego de unas 18.000 hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló el adjunto de la Defensoría, Anselmo Sella, en un informe de febrero de este año.
El informe dice que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales”.
"Decir esto es hablar de identidad cultural, del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región", fundamentó la Defensoría nacional en el escrito.
Sella señaló que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
Agregó oportunamente que siendo que los principales estudios de impacto se han centrado preferentemente en lo económico pero muy pobremente en lo social, se acerca este informe para conocimiento de la Legislatura correntina.
El funcionario, consideró importante que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia de Corrientes".
El Proyecto Ayuí Grande es una iniciativa de las empresas Copra S.A (perteneciente al grupo Clarin) y Adeco Agro (propiedad de Soros), aunque el parte de prensa de los impulsores de la represa, incluyen también a las firmas Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A.
Diversas organizaciones ambientalistas se oponen a la creación de la represa por diversas razones.
Cuando la Defensoría presentó este informe, el titular de la Fundación Iberá, Enruique Lacour, afirmó a Télam que "lo que pretenden hacer es muy grave, la apropiación de un bien público por parte de empresas privadas es indisimulable”.

"Sería la primera vez que un privado se apropia de un beneficio público"
El biólogo de la Fundación Iberá, Guillermo Cardozo, afirmó ayer que con el proyecto de inundación de tierras sobre la zona del arroyo Ayuí que impulsa el vicepresidente de Clarín, José Aranda, en Corrientes, "sería la primera vez que un privado se apropia de un beneficio público. Le estamos regalando una parte del mapa a las empresas".
Así se refirió al Proyecto Ayuí Grande, una iniciativa de las empresas Copra S.A y Adeco Agro, aunque es un un parte de prensa de los impulsores de la represa, también se incluye a las firmas Pilagá SRL, Tupantuva SA, Santa Clara y Yuquerí SA.
El emprendimiento consiste en "inundar 8 mil hectáreas que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires" afirman ayer en Tiempo Argentino.
Cardozo explicó que "lo más triste es que detrás de esto, sabemos que hay varios emprendimientos semejantes para que haya un antecedente positivo para empezar. Es la transformación acelerada de la provincia", concluyó en una entrevista dada ayer por radio América, en el programa de Luis Valmaggia.
El científico agregó que "están sentadas las bases para realizar el proyecto. Es un problema a escala, nos parece que desde el punto de vista ambiental se está haciendo un exceso con un recurso natural. No es necesario hacerlo. El Ayuí es un arroyo importante en la provincia de Corrientes con mucha fauna con peligro de extinción y lo que se pretende hacer es un gran lago con un dique para retener el agua".
Cabe recordar que ayer el abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó que el proyecto arrocero impulsado Aranda y Soros, en la cuenca del arroyo Ayuí, "debe someterse al Estatuto del Río Uruguay" porque "puede dar pie a que Uruguay diga que hay acciones que impactan sobre el río".