El abogado de los asambleístas de Gualeguaychú, Luis Leissa, afirmó este lunes que el proyecto arrocero que es impulsado en Corrientes en la cuenca del arroyo Ayuí "debe someterse al Estatuto del Río Uruguay” porque "puede dar pie a que el país oriental diga que hay acciones que impactan sobre el río”. Al respecto, indicó que: "Es tan grave lo de Botnia como lo del Ayuí”, y confío “en que se frene porque es una barbaridad alterar un curso natural por una arrocera”, agregó Leissa. El proyecto de la firma Aranda y Soros contempla "inundar ocho mil hectáreas que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires” cuyo "único objetivo es permitir que pueda ampliar la extensión de sus arrozales”, se indicó al respecto.
La Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU) expresó en 2008 que: "Siendo que el arroyo Ayuí desemboca en el río Miriñay, que constituye uno de los principales efluentes del río Uruguay, debe inferirse que el aporte de nutrientes llegará a este último. Si partimos de la base que el embalse de Salto Grande presenta un alto grado de eutrofización, ese aporte agravaría el estado”, consignó Tiempo Argentino y reprodujo Télam.
El arroyo Ayuí es una de los principales afluentes del río Uruguay a través del río Miriñay, en la provincia de Corrientes.
En tanto, el asambleísta de Gualeguaychú e integrante de la fundación de la ONG Fundavida, Gustavo Rivolier, advirtió las consecuencias negativas que acarreará a la región un emprendimiento proyectado en Corrientes.
Se trata de una represa que construirá la firma Copra SA, del vicepresidente de Clarín José Antonio Aranda, junto con Adecoagro, del multimillonario George Soros, que se empezará a concretar el mes que viene para incrementar la producción de arroz. La obra equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8.000 hectáreas, que regarán otras 18.000.
Rivollier subrayó que "hay que evitar cualquier nueva confrontación" por el río Uruguay, del que el arroyo sobre el que se construirá la obra es afluente. Faltan autorizaciones y estudios de impacto ambiental requeridos.
"En Fundavida hace mucho que estamos con el tema de la represa, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental, porque todo se hizo entre gallos y medianoche, sin los debidos estudios”, explicó.
Según reveló ayer el diario Tiempo Argentino mediante la publicación de documentos “confidenciales” a los que tuvo acceso, en pleno conflicto por las papeleras altos funcionarios de la Cancillería argentina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU) pidieron informes al gobierno provincial respecto advirtiendo sobre sus consecuencias ambientales y diplomáticas. Como la respuesta de la administración del entonces gobernador Arturo Colombi no fue satisfactoria, hubo un segundo pedido de informes que no fue respondido.
No obstante, mediante el decreto 1.439/09 el gobernador Arturo Colombi habilitó la obra un día antes de dejar el cargo, que ahora ocupa su primo Ricardo Colombi. En junio de este año, la legislatura provincial convirtió en ley este decreto.
“Lo que está en juego es el impacto ambiental, porque los estudios no son claros. Pero, por otro lado, puede agravar la situación con Uruguay como todo movimiento que se haga” sin autorización del vecino país, dijo.
“Hay que evitar cualquier confrontación y mucho menos caer en la violación al Estatuto del Río Uruguay, que es lo que denunciamos en el caso de Botnia”, afirmó.
Además, Rivollier destacó que una de las consecuencias que dejó la controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación de Botnia, fue que el Estatuto del Río Uruguay comenzara a ser aplicado a rajatabla para cualquier emprendimiento que afecte el curso del río, lo que no habría ocurrido en el caso de la represa Ayuí Grande que comenzará a ser levantada el próximo mes solamente con autorización del gobierno provincial.
“En Concepción del Uruguay hubo que pedir permiso para construir un puente a la isla de frente al puerto, cuando se puso en marcha un proyecto para ampliar la costanera. Ahora eso está en obra, pero hubo que pedir autorización a la CARU y la parte uruguaya dudó mucho antes de dar el permiso. Aparentemente, por lo que se desprende de la lectura de los comunicados de Cancillería que se filtraron a la prensa, ese proceso no se siguió en el caso de la represa de Ayuí”, agregó.
Por otra parte, Rivollier advirtió que la obra ha despertado la resistencia de toda la población correntina, cuya opinión tampoco se ha escuchado.
“La gente de Corrientes se resiste a la obra y con razón porque se están quedando con un río, lo están metiendo en su campo y lo están devolviendo a la cuenca cargado de fertilizantes. Por otro lado, hay que tener en cuenta el impacto al bosque nativo”, dijo.
Rivollier hizo hincapié en que, una vez más, se eludió la “licencia social”, es decir, el sometimiento a consulta y eventual aprobación de un proyecto por parte de la población directamente afectada.
“Entre Ríos somos bastante enemigos de las represas y por eso tenemos una ley antirepresa porque el impacto de su construcción y de la desviación de un río es muy grande. Nosotros aprendimos eso luego de que se construyera la represa de Salto Grande, que en los años ’70 demandó el traslado de la población de Federación. Claro que las dimensiones de los dos proyectos son diferentes", dijo.
“Nosotros somos muy respetuosos de la voluntad de la gente, la licencia social no puede ser nunca pasada por alto, como sería éste el caso, si es como lo describe el diario Tiempo Argentino”, concluyó.