La ex Aguas Provinciales solicitó una "declaración de pobreza" con el objetivo de no abonar la tasa de justicia que representan 810 mil pesos de los 54 millones que esta concesionaria le reclama al gobierno actual por la garantía del contrato retenido y ejecutado al quitarle la concesión para reestatizar la empresa, hoy Aguas Santafesinas (Assa).
La firma que se encargaba del servicio de agua y red cloacal en 15 ciudades de la provincia inició una demanda ante la Cámara en los Contencioso Administrativo provincial para que se le restituyan más de 56 millones de pesos por el cese de la administración del servicio cuando pasó a manos del gobierno binnerista.
Sin embargo, el directorio de la ex Aguas Provinciales solicitó que se paralice ese juicio a la espera de que el juzgado Civil y Comercial resuelva el pedido de "declaración de pobreza" para exceptuar de esa manera el pago de la tasa judicial, que representa el 1,5 por ciento (810.000) de los 54 millones.
Lo que preocupa a los funcionarios del área jurídica de la provincia es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo haya resuelto favorablemente por dos votos a uno el pedido de la ex concesionaria de que hasta tanto no se expida la Justicia, se suspenda el juicio en trámite en esa instancia.
En la Casa gris sostienen que ese tribunal debió rechazar el pedido de suspensión del trámite de la demanda, tal como lo plantea el voto en minoría, la que considera una notoria existencia de antelación del inicio del recurso reclamando la devolución de los $ 54 millones con el pedido de la “declaración de pobreza” que Aguas Provinciales debió efectuar al inicio de su demanda.