La mega obra en el arroyo Maldonado continúa generando cuestionamientos. Según informó, el ex legislador porteño Milciades Peña -actor en una causa judicial en la que se denuncia el incumplimiento de los términos establecidos en los pliegos de la licitación de acuerdo a lo aprobado por la Legislatura para la obra hídrica-, el Gobierno de la Ciudad “desoye” la manda judicial en la que se ordenó la paralización de las obras.
“La obra del Arroyo Maldonado a esta altura es escandalosa. Es una obra largamente soñada y anhelada para aspirar a resolución de las inundaciones en Palermo y Villa Crespo. La Legislatura llamó a licitación, se adjudicó y la empresa asociada al Grupo Macri ganó la licitación y comenzó a modificar la obra, lo que trajo aparejados adicionales para pagar de más por los porteños”, expresó el ex legislador por Radio Del Plata.
Y agregó: “Esto lo presentamos a la justicia el año pasado. Se falló a favor nuestro por el riesgo ambiental, porque hablamos de un pozo de 55 metros de profundidad y se mandó a paralizar las obras. Denunciamos el incumplimiento del fallo judicial porque continuaron las obras, y un obrero murió allí porque no estaban dadas las condiciones laborales”.
Milciades Peña también comentó que la obra “exige que haya una cámara hiperbárica por la presión que hay a esa profundidad y tampoco se cumplió”.
“Con la tragedia de Villa Urquiza escuchamos hablar al Ingeniero Jefe de Gobierno (Mauricio Macri) sobre la responsabilidad del director de la obra, y la gravedad es que el director de la obra del Maldonado, es el Ingeniero (Eduardo Samuel) Cohen que es ingeniero electricista, no civil. Por sus manos pasaron los planos que habilitó haciendo la vista gorda y que tuvieron que ver con Cromañón”, señaló.
Finalmente, el ex legislador porteño afirmó que “la obra tiene irregularidades”, que “hay un fallo judicial firme que el Gobierno de la Ciudad desoye”, y mencionó también que la obra “no va a funcionar con sudestada”.
“La empresa tenia que contratar un seguro ambiental. El viernes salió en el Boletín Oficial que reclamaban mayores costos para renovarlo y el Gobierno de la Ciudad tuvo que asumir los costos”, concluyó.