El legislador Jorge Mendía (UCR) cree que la Cámara debe inmiscuirse en la polémica desatada por el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), que condenó a la Provincia a compensar con U$S 170 millones a la Compañía Aguas del Aconquija por la rescisión de la concesión del servicio de agua potable y cloacas en 1996.
Con ese propósito, el parlamentario presentó un proyecto de resolución para que las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales; de Obras Públicas; y de Energía se aboquen a un trabajo de revisión de todo el conflicto entre el Estado y la empresa perteneciente al grupo francés Vivendi.
En su iniciativa, el opositor propone que los legisladores integrantes de esas comisiones estudien detenidamente el accionar que tuvieron los gobiernos provinciales desde la privatización del servicio de agua y cloacas: las gestiones de Ramón Ortega (1991-1995), de Antonio Domingo Bussi (1995-1999), de Julio Miranda (1999-2003) y del actual mandatario, José Alperovich.
"Para cumplimentar lo dispuesto, se podrá pedir el asesoramiento y la opinión de diversas instituciones y especialistas del medio", añadió Mendía. El proyecto del radical se suma al pedido de creación de una comisión investigadora, promovido por el opositor Esteban Jerez (bloque Alberdi).
La concesión en favor de Aguas del Aconquija fue resuelta durante el mandato de Ortega, en tanto que el gobierno de Fuerza Republicana resolvió la alteración del contrato al aducir incumplimientos de la prestataria. En esa oportunidad, la fiscala de Estado Gilda Pedicone demandó a la firma en la Justicia provincial por U$S 35 millones, por no cumplir el contrato. Luego, su homóloga en el Gobierno de Miranda, Malvina Seguí, retiró el planteo judicial.
El litigio en el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, fue llevado adelante por la Procuración General del Tesoro de la Nación, ya que la Argentina fue formalmente la demandada. Sin embargo, en el convenio de refinanciación de la deuda pública provincial con la Nación (refrendado por la Ley 8.310, del 30 de junio pasado), se estableció que Tucumán deberá afrontar el pago del laudo condenatorio.