La ex Aguas Provinciales de Santa Fe SA presentó una "declaración de pobreza" para que la eximan de pagar la tasa judicial en una de sus demandas contra el Estado santafesino. La empresa de capitales franceses había planteado un recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado por la justicia provincial, y por eso se le exige el pago de la tasa. Además de los reclamos ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la empresa presentó un recurso para detener el juicio de 54 millones de pesos que le iniciaron a la provincia por la rescisión del contrato, ya que no puede reponer los sellados y la tasa de justicia, por un valor cercano al millón de pesos. Desde Fiscalía de Estado señalaron que la ex concesionaria cuenta con accionistas muy solventes y resultará difícil que la Justicia le otorgue el beneficio.
Además del reclamo ante el CIADI; la ex concesionaria planteó tres juicios ante la provincia. Uno es el que está referido a la garantía del contrato que le fue retenido y ejecutado por la provincia al quitarle la concesión. El segundo juicio está relacionado con la sanción que le impuso el Enress por los incumplimientos detectados durante el primer año de la concesión, mientras que el tercero está vinculado a la impugnación del decreto por el cual finalmente la provincia decide rescindir el contrato con Aguas Provinciales invocando culpa por parte del concesionario, sus accionistas e inversores extranjeros.
La ex concesionaria no pagó al momento de presentar la demanda el 1,5 por ciento de la denominada tasa de justicia. Y cuando el proceso estaba en trámite, se presentaron en el Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, a cargo del juez Gustavo Ríos, solicitando una "declaración de pobreza" que la exima del pago de la tasa.
La Cámara Contencioso Administrativo N? 1 resolvió favorablemente por los dos votos de los jueces Federico Lisa y Alfredo Palacios, contra el de Luis De Mattía que votó en disidencia, el pedido de la ex concesionaria de que hasta tanto no se expida el juez Ríos, se suspenda el juicio en trámite en esa instancia por el que está reclamándole a la Provincia 56 millones de pesos.
En este marco, la Cámara pide a Aguas Provinciales SA que pague la tasa de justicia, y es allí donde la ex concesionaria ingresa una declaratoria de pobreza, aunque en otro recurso cuestionan la decisión de la Cámara. "Por un lado, pretenden demostrar que no tienen que pagar porque son pobres, pero además presentan otro escrito para impugnar la decisión de la Cámara", señalaron desde Fiscalía de Estado. "Es una de las tantas vicisitudes que tienen los pleitos, y por lo tanto no es motivo de preocupación", agregaron.
Y aunque una sociedad en liquidación no tiene el dinero para pagar cerca de un millón de pesos en Fiscalía de Estado entienden que detrás de ellos existen accionistas híper solventes.