Tras una reunión convocada de urgencia por el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce ante la mortandad de 4 toneladas de peces acontecida recientemente en el Embalse de Río Hondo, se concluyó que son insuficientes los esfuerzos de la Nación contra la contaminación ambiental de la cuenca que abarca las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba.
La Defensoría nacional planteó que "la Nación no se ha ocupado integralmente de la grave contaminación ambiental que sufren santiagueños, tucumanos y cordobeses que viven cuenca abajo, linderos a los Ríos Salí, Dulce y la laguna de Mar Chiquita, lo que afectan directa e indirectamente a casi cinco millones de habitantes".
"Hemos convocado a esta reunión de urgencia ante los nuevos episodios de mortandad masiva de peces en el embalse de Río Hondo: sábalos, tarariras, bagres, y pejerreyes, acontecido en los últimos quince días”, dijo el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional, Dr. Anselmo Sella.
“Los Defensores provinciales recorrieron el lugar y constataron a través de muestreos la falta total de oxígeno en el agua, lo que confirmaría que nuevamente empresas tucumanas han incrementado la contaminación en la Cuenca, en este caso ocasionando una nueva mortandad de peces", agregó.
El Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce manifestó su preocupación por la mortandad de casi 4 toneladas de peces en el Embalse de Río Hondo y se declaró en estado de alerta, solicitando que en el plazo de 48 horas el Comité Interjurisdiccional de Cuenca de los Ríos Salí-Dulce presente informes ante la situación planteada, y reclamó la reglamentación de la ley 25.688 de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de las Aguas para que la Nación asuma las competencias que ésta le asigna.
En forma particular, la Defensoría de Tucumán continuará su accionar por la vía administrativa con los pedidos de informes al Comité de Cuenca y a la Secretaría de Medio Ambiente de esa provincia; la Defensoría de Santiago del Estero iniciará acciones judiciales; mientras que la Defensoría de Córdoba se mantendrá expectante, en alerta y en permanente consulta con el resto de los miembros que forman el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce.
Por su parte, la Defensoría Nacional puso en conocimiento del Consejo un informe elaborado por personal técnico del Area de Medio Ambiente de la Defensoría en la que se destacan que el seguimiento de la implementación del Plan de Gestión para la Cuenca muestra que el papel de la Nación resulta deficitario.
En un comunicado difundido por ese organismo, se aseguró que "no se está realizando un monitoreo integral de la calidad del agua de la cuenca, ni se cuenta con un registro de datos histórico y sistematizado que permita tener un conocimiento de la evolución del recurso".
Además, "No se han definido los usos del cuerpo de agua y sus tributarios, por lo cual no es posible determinar la cantidad y calidad de los vuelcos que podría tolerar el cuerpo receptor. Falta determinar cuáles son los límites máximos de contaminación (carga másica) y los estándares ambientales de calidad de aguas para la cuenca Salí-Dulce en base al principio de progresividad (art. 4 Ley 25.675, art. 7 de la Ley 25.688".
El Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce fue constituido en 2008, enmarcado en la preocupación que tienen las Defensorías por los temas ambientales, con el objetivo de hacer un seguimiento permanente y evaluación de los compromisos y las políticas públicas respecto de la Cuenca Salí - Dulce, cuya alta contaminación se ha denunciado reiteradamente.
Dicho Consejo está presidido por la Defensoría nacional, a cargo del Adjunto I Anselmo Sella, e integrado por los Defensores del Pueblo de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.