La problemática de los vertidos crudos al lago Nahuel Huapi por la saturación del sistema y la falta de obras que amplien la capacidad receptiva en la planta depuradora que ya investiga la Justicia llegó también al ámbito del Tribunal de Contralor que ante la presentación de vecinos inició una investigación por la posible responsabilidad de funcionarios municipales en esta situación. Ambientalistas también piden intervención del defensor del Pueblo.
El inicio del proceso de investigación por el posible daño ambiental en la cuenca del lago Nahuel Huapi “por vuelco antirreglamentario de líquidos cloacales y contaminantes” y la responsabilidad que podría recaer en funcionarios municipales fue determinado por el Contralor el 28 de julio pasado a través de la resolución Nº 65.
La investigación se inicia a raíz de la denuncia de organizaciones ambientales quienes también dieron a conocer ayer que solicitaron al defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, que intervenga “en la forma legal que consideren conveniente, sea un amparo en defensa del derecho de la comunidad a disfrutar de un ambiente sano - derecho garantizado por la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal - o bajo la figura que esa Defensoría juzgue apropiada”.
Las organizaciones Árbol de Pie y Vecinos en Defensa de Bahía Serena encabezan el reclamo por la detención de vertidos cloacales al lago que llevaron también a la Justicia y con reiteradas notas pidieron acciones al Ejecutivo municipal.
En el ámbito judicial semanas atrás el propio subsecretario de Medio Ambiente, Pablo De Brito, se presentó para denunciar la situación de saturación del sistema de saneamiento y la incapacidad de la concesionaria actual de remediar esta situación en corto plazo, al tiempo que pidió que se prohíban nuevas conexiones a la red cloacal.
Paralelamente, en el Contralor se iniciaba la investigación por la presunta responsabilidad del Municipio ante esta situación considerando en los antecedentes para el inicio de sus actuaciones que “funcionarios municipales no habrían prevenido el daño ambiental en la cuenca del lago Nahuel Huapi”.
Precisamente se hace referencia a la denuncia de los ambientalistas que mencionan como posibles responsables al intendente Marcelo Cascón, los concejales y la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, quienes habrían “omitido” acciones al no convocar al Consejo de Planeamiento y la Unidad de Gestión Municipal.
El Tribunal de Contralor enumeró además la denuncia de los vecinos en 2008 cuando se señaló la derivación de efluentes en la zona del Ñireco y posteriormente con la aparición de una “mancha” en la costa del lago, además de otras denuncias realizadas por las averías del colector del Oeste.
Referentes de las organizaciones se presentaron ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia solicitando que se implementen las fiscalías ambientales para el tratamiento específico de este tipo de temáticas en el ámbito judicial, que tiene reciente aprobación en la Legislatura.