El senador nacional Pedro Guillermo Guastavino (FpV-Entre Ríos) exhortó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a que tome en consideración los “trabajos de diferentes organizaciones” sobre los efectos de la construcción de la represa Ayuí Grande. “Hay informes que describen que el desmonte y anegamiento de miles de hectáreas en esa cuenca en Corrientes constituye un crimen ambiental, y eso debe evitarse”, alertó el legislador, al tiempo que fustigó: “No puede ser que los intereses particulares estén por encima de los del conjunto de la sociedad”. También opinó que “habría que abogar por la suspensión del inminente inicio de obras, hasta tanto se cuenten con todos los elementos que permitan decidir sobre la cuestión”.
El emprendimiento de la firma Copra SA se empezará a concretar en septiembre de este año. Inundará 8.000 hectáreas, que regarán otras 18.000, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. “Esto nos da la magnitud del impacto del proyecto. Pero además el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia porque se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción”, detalló Guastavino.
En esa línea, acotó: “En atención a esta descripción es que hay que poner a consideración y análisis de la CARU la documentación por la que el gobierno de Corrientes autorizó el proyecto. Aunque simultáneamente habría que abogar por la suspensión del inminente inicio de obras, hasta tanto se cuenten con todos los elementos que permitan decidir sobre la cuestión”.
“Resulta llamativo que las autoridades correntinas, pese a las solicitudes de informes por parte de organismos nacionales, aún no hayan cumplido con esos pedidos”, disparó luego en declaraciones enviadas a ANALISIS DIGITAL.
Al respecto, anticipó que este miércoles “ingresará a la Cámara de Senadores un proyecto de comunicación de su autoría, para que el Ejecutivo informe acerca de las medidas a adoptar respecto de la conservación sustentable del ecosistema”.
Por último, el ex vicegobernador bregó por “ser coherentes con la aplicación del Tratado del Río Uruguay y el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, en el caso de Botnia”.