La Justicia Federal quiere determinar si la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) está contaminando el medio ambiente, atento a que la capital presenta cientos de focos de pérdidas de líquidos cloacales.
El fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez, libró un oficio al edil José Costanzo (Partido Autónomo). En su condición de concejal, el opositor recibe a diario innumerables quejas de vecinos que reclaman soluciones a los derrames en sus barrios. Por ello, Costanzo efectuó un relevamiento y detectó 233 pérdidas en la ciudad. De ese número, 100 corresponden a derrames de agua potable y las restantes a líquidos cloacales. En su mayoría, los desperfectos están ubicados en zonas periféricas de la ciudad. Luego, requirió a la SAT que especifique los arreglos efectuados y que difunda un cronograma de reparaciones.

Norma nacional
El fiscal federal abrió una causa en 2009 por la presunta infracción a la Ley Nacional N° 24.051 (de Residuos Peligrosos). Esta norma, en su artículo segundo, es contundente en cuanto a sus alcances: "será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
En ese contexto se enmarca el oficio que recibió Costanzo. En el escrito firmado por Horacio Mario Argüello, secretario del Juzgado Federal N° 2, que subroga Mario Racedo, se le solicita que remita toda la información con que cuenta. El escrito judicial no deja lugar a dudas: "sobre la contaminación que estaría generando la Sociedad Aguas del Tucumán por arrojo de efluentes cloacales a las calles y ríos de Tucumán, y especialmente el relevamiento que se hizo sobre las pérdidas detectadas en los distintos barrios".
Ayer, Costanzo respondió a la requisitoria judicial y remitió una copia del trabajo efectuado en los barrios. Paralelamente, detalló la cantidad de pedidos de informes que realizó ante la propia SAT, ante el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) y ante la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia.
"Los derrames de líquidos cloacales arrojados a la vía pública afectan al medio ambiente y a la salubridad de la población. Sin embargo, las notas enviadas no fueron contestadas aún por los organismos e instituciones responsables; ni tampoco las consultas sobre la problemática", advirtió el concejal de la oposición.

Calvo culpa a la edificación por la rotura de cañerías
Según la SAT, la red se llena de ripio
Acostumbrarse a convivir con los derrames de agua potable y de líquidos cloacales, hasta que se haga la reconversión de las redes, fue el mensaje que envió a los vecinos de la ciudad el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo. Durante una entrevista con LA GACETA, el funcionario responsabilizó al gran desarrollo de la construcción por la rotura de las cañerías. Uno de los técnicos de la empresa, Augusto Guraiib, dijo que sólo un 10% de las pérdidas cloacales se debe a que la red está obsoleta. "El 90% de los daños responde al mal uso. Tenemos problemas con las obras de pavimentación y de edificación, que usan en muchos casos los colectores para hacer la limpieza y llenan de ripio las cañerías", precisó Guraiib. Calvo destacó que en seis años no se pueden arreglar las consecuencias de 40 años de desinversión.

Calvo dijo que la cañería es como un auto viejo
El titular de la SAT afirmó que hay que acostumbrarse a las pérdidas de agua o fallas de cloacas hasta que se completen grandes obras. El funcionario explicó que tanto la obra pública como la privada causan problemas en el servicio. Ripio en las cañerías.
Comparó el subsuelo de Tucumán con un auto viejo para explicar que habrá que resignarse a convivir con los derrames de agua potable y cloacales. "Podemos ponerle repuestos al auto, pero hasta que no llegue la reconversión habrá que acostumbrarse a las fallas", dijo el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Alfredo Calvo, durante una entrevista con LA GACETA. Lo acompañaron los ingenieros Sergio López y Augusto Guraiib.
A metros de la sede de la SAT, en Monteagudo segunda cuadra, los concejales de la Comisión de Salud esperaban que Calvo se presentara a darles explicaciones acerca de la gran cantidad de derrames cloacales que hay en la ciudad. Ya había sido invitado el martes, pero dijo que no pudo asistir porque estaba supervisando obras. Esto molestó a los ediles, quienes lo volvieron a citar. "No tengo problemas de asistir al Concejo las veces que me pidan. Lo que más necesito es que todos tomemos conciencia de esta problemática y que nos ayuden a seguir construyendo", afirmó.
La polémica saltó a raíz de la gran cantidad de reclamos que reciben los concejales por parte de vecinos que sufren a causa de roturas las pérdidas de agua en la calle. Las autoridades de la SAT reconocieron que los sondeos de algunos ediles -que detectaron hasta 400 desperfectos- en las calles era certero, aunque aclararon que un 30% ya fue reparado.
"Cuando nos hicimos cargo del servicio, en 2004, el déficit de cloacas rondaba un 40 % en San Miguel de Tucumán y el sistema ya estaba colapsado. Nos planteamos hacer en dos etapas los colectores para descomprimir la situación. La obra costó $ 70 millones y ya está funcionado. Ahora estamos desarrollando una planta de tratamiento de efluentes cloacales en San Felipe. Si no hubiéramos hecho esto, el colapso sería más grave", fundamentó Calvo.

Desinversión
Según el titular de la SAT, la infraestructura sufrió una desinversión de 40 años que no se puede resolver en seis. "Estamos haciendo grandes obras que no se hicieron nunca", recalcó. Además, según dijo, se efectúan las reparaciones coyunturales. Por día, la SAT recibe 500 reclamos de los 160.000 clientes de la ciudad. La mitad de los pedidos se resuelven inmediatamente y el resto lleva más tiempo porque implica la realización de obras y hay que sacar permiso, informó Guraiib. "Le damos prioridad a la falta de agua potable y a los desbordes cloacales que se producen adentro de las viviendas", dijo.
Guraiib destacó que el crecimiento demográfico ocurrió en una escala desproporcionada respecto a la infraestructura de la ciudad. El técnico aclaró que sólo un 10% de las pérdidas cloacales es consecuencia de una cañería obsoleta. "El 90 % de los daños responde al mal uso de la cañería. Tenemos problemas con las obras de pavimentación y de edificación, que usan en muchos casos los colectores para limpiar y llenan de ripio las cañerías", precisó.
"Queremos que la población sepa que el desarrollo de la construcción ocasiona daños colaterales y la rotura de caños cloacales forma parte de ello", puntualizó Calvo. Agregó que también enfrentan el robo de las bocas de registro: en los últimos años cambiaron 400 de estas. Cuando faltan, la gente llena las cañerías de basura. "Con la Municipalidad tenemos relaciones muy estrechas. Trabajamos juntos todos los días, debemos ser socios en esto", recalcó Calvo. Sin embargo, también resaltó la falta de controles por parte del municipio respecto del derroche de agua en casas de particulares o el que proviene de la cada vez mayor práctica de los lavaderos callejeros de autos.
Calvo negó que la SAT tenga sólo tres camiones colectores para solucionar el problema de las pérdidas. "Compramos dos camiones más (cada uno vale $ 1,5 millón) y actualmente funcionan seis, ya que uno es tercerizado", dijo. Asimismo, dijo que se renovará el 30% de la cañería obsoleta y recalcó que la red de agua potable se amplió un 30% mientras que las cloacas llegan al 80% de la capital.

Más medidores
Alfredo Calvo, titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) anunció que antes de fin de año se licitará la compra de 50.000 medidores que serán colocados en Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y la capital. La firma ya instaló 4.000 medidores y comprobó que es la mejor forma de evitar el derroche de agua potable. Se calcula que se deben consumir 350 litros por persona y por día y que en ciudades como Yerba Buena esa cifra se duplica.

Los ediles le exigirán al Municipio que haga controles en las excavaciones
La comisión de Obras Públicas se reunió con las autoridades del Colegio de Ingenieros.
El Colegio de Ingenieros de Tucumán le entregó hace dos años al Ejecutivo municipal un pedido para que los constructores tengan la obligación de presentar un plan de excavación y de submuración antes de comenzar una obra. Nunca obtuvieron respuesta. En la sesión de hoy, los concejales debatirán una resolución por medio de la cual (si llega a ser aprobada) le solicitarán a la Intendencia que se expida a favor de la propuesta y que ponga en práctica los controles.
Los ediles de la comisión de Obras Públicas y Planeamiento del Concejo se reunieron ayer con las autoridades del Colegio de Ingenieros. Tras el encuentro, el edil Hugo Cabral anunció que se discutieron varios temas que apuntan a evitar los riesgos en las construcciones. "Mañana (por hoy) vamos a aprobar un proyecto de resolución sobre tablas a fin de solicitarle al Ejecutivo que les pida a los constructores la presentación de planes de trabajo preliminares en los que conste el plan de excavación, de estructuras de submuración y los apuntalamientos que se harán para evitar derrumbes. Además, la Municipalidad deberá hacer controles durante ese período de las obras", informó Cabral.
El derrumbe que se produjo en un gimnasio de Buenos Aires (causó tres muertos) generó la alarma: los ingenieros denunciaron hace una semana que no se hacen controles de las excavaciones. Ayer, el titular del Colegio, Ricardo Ferullo, volvió a sostener estos argumentos. "En Tucumán no hay controles, porque no hay normas para hacerlos. En la actualidad no existen planes de excavación y nosotros pedimos que se los implemente. No sabemos si hay edificios que violan normas de seguridad. Hoy en día, la construcción se basa en la idoneidad y en la responsabilidad del arquitecto o del ingeniero que está al frente de la obra. Nosotros creemos que la Municipalidad debe controlar a las empresas", afirmó el ingeniero tras el encuentro con los concejales.
Ferullo dijo que las normas no se fueron adecuando al avance de la construcción. "Es urgente la necesidad de actualizarlas. Hoy observamos muchos daños en las casas vecinas a los edificios que se hacen en Tucumán. Es algo que se podría evitar con un buen plan de excavación y de submuración", explicó Ferullo. En 2007, la Legislatura provincial aprobó una ley sobre las normas sismorresistentes e invitó a los municipios a adherirse. Ferullo afirmó que los concejales se comprometieron a adherirse y a hacerla cumplir.

Energizantes
El toxicólogo Alfredo Córdoba explicó ayer a la Comisión de Salud del Concejo Deliberante los efectos de los energizantes. Dijo que combinados con alcohol son muy peligrosos y, por lo tanto, no está mal restringir su venta en la movida nocturna. Explicó que, además de generar adicción, ya que contienen cafeína, pueden causar descompensación y deshidratación. "No es un producto de primera necesidad; debe primar la salud pública", dijo Córdoba.

Crearán el registro de locales con máquinas a presión
El año pasado, la explosión de una secadora-planchadora causó cuatro muertos. Defensa Civil será la encargada de realizar dos controles anuales en cada establecimiento
Eran cerca de las 20 de lunes 20 de julio de 2009. La explosión hizo temblar al barrio El Bosque. Una secadora-plachadora explotó dentro de una lavandería industrial ubicada en Santiago del Estero al 1.400, causó la muerte de cuatro empleados y destruyó el local y otro vecino. Para evitar que hechos como este se repitan, los concejales debatirán hoy un proyecto que propone la creación de un registro de establecimientos que utilicen máquinas sometidas a presión.
El proyecto, presentado por el edil Hugo Cabral, establece que la Dirección de Defensa Civil será la encargada de realizar como mínimo dos inspecciones anuales en cada establecimiento y que, en el caso de que el sistema sea muy complejo, podrá contratar a un profesional con el instrumental necesario para hacer el informe técnico obligatorio.
Además, en el caso de que el proyecto sea aprobado, los propietarios de las empresas estarán obligados a presentar una vez al año en Defensa Civil el detalle de las reparaciones efectuadas a la maquinaria y de los ensayos realizados con los componentes de los aparatos para determinar su vida útil y para controlar y calibrar los sistemas.
Además, tendrán la obligación de colocar placas en cada máquina en las que se consigne el país de origen, la marca y el modelo; el domicilio del fabricante o del importador: el número y la serie de fabricación: la fecha de fabricación, y los datos técnicos.
Entre otras cosas, el proyecto propone que estos establecimientos cuenten con un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros y de daños materiales a terceros y que, en el caso de peligro inminente, se los clausure y se los inhabilite para funcionar