La cambio más abrupto que enfrentan las compañías de petróleo y gas tras el derrame de crudo en el Golfo de México probablemente no sea ninguna regulación específica, sino lo que los funcionarios de la administración de Obama esperan será una actitud más severa por parte del ente regulador de la industria.
El Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) ahora tendrá que estudiar con detenimiento los peores escenarios posibles, cuando revisa los nuevos proyectos de perforación.
Un informe de esta semana elaborado por el Consejo sobre Calidad Ambiental, que depende de la Casa Blanca, examina el cumplimiento del ente predecesor del BOEM, Minerals Management Service (MMS), con una ley ambiental conocida como la Ley Nacional de Política Ambiental. Ésta incluía el uso de las llamadas exclusiones categóricas que permitían a MMS renunciar al derecho de efectuar revisiones ambientales de algunos proyectos de perforación durante los procesos de licitación.
El documento concluyó que el BOEM debería "identificar consecuencias ambientales potencialmente catastróficas y evaluarlas con precisión al momento de sus tomar decisiones".
Antes, el MMS había identificado como una catástrofe una fuga de petróleo desde un yacimiento offshore de 1979 que derramó entre 10.000 a 30.000 barriles de crudo por día durante nueve meses. Sin embargo nunca usó el vertido en su análisis de "probabilidad de derrames" porque el vertido estaba sucediendo fuera de aguas norteamericanas.
El consejo dijo que el vertido de BP constituye "información nueva significativa" que "requiere una reevaluación de algunas conclusiones alcanzadas en anteriores revisiones de la Ley Nacional de Política Ambiental y en otros análisis y estudios ambientales".
Si bien el lenguaje empleado suena misterioso, queda claro que se está pidiendo repensar sobre los potenciales impactos sobre el medio ambiente, lo cual tendrá fuertes repercusiones en toda la industria petrolera y gasífera.
Las compañías están listas para defenderse. Esta semana, el American Petroleum Institute dijo que estaba planeando "reuniones con ciudadanos" para expresar su preocupación por los cambios regulatorios y la legislación propuesta tras el derrame de BP, que arrojó 4,9 millones de barriles de petróleo en aguas del Golfo de México.
Los ejecutivos del sector petrolero ya advirtieron que las nuevas reglamentaciones ambientales que se proponen solamente aumentarán los costos de las compañías.
Los operadores más chicos, en particular, podría tener problemas para cumplir con todas ellas, aseguró un alto directivo del sector.
Bruce H. Vincent, presidente de la Asociación de Petróleo Independiente de Norteamérica, que también es presidente de Swift Energy, una petrolera de mediana capitalización con sede central en Houston, señaló que con los anuncios de esta semana, el gobierno "está tratando de crear una serie de obstáculos burocráticos para la industria capaz de desarrollar los arrendamientos que ya concedieron".
"Eso significa que la moratoria en la perforación en aguas profundas en el Golfo de México continuará en forma no oficial", agregó.