El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno estudia acudir a la Justicia para impedir la construcción de una represa en la provincia de Corrientes que puede afectar la cuenca del río Uruguay.
El proyecto es de dos empresas arroceras, y, dijo el canciller, preocupa al gobierno uruguayo, porque es motivo potencial de un conflicto medioambiental y jurídico.
La represa lleva el nombre de Ayuí Grande, y es promovida por dos emprendimientos privados, uno vinculado al empresario norteamericano George Soros, y otro ligado con José Aranda, accionista del grupo Clarín. "Es una posible violación al Tratado del río Uruguay, cometida, o que se estaría por cometer, por parte de dos empresas en la provincia de Corrientes", dijo Timerman, ayer, en una conferencia de prensa.
Timerman dijo que las empresas se proponen "inundar 8000 hectáreas" con el emprendimiento.
"Haremos la denuncia porque estamos a pocas semanas del comienzo de la obra, que colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del río Uruguay", dijo el canciller.
"La Argentina no va a convalidar la violación del tratado", agregó.
Timerman reveló que mantuvo una conversación por este tema con su par uruguayo, Luis Almagro, en momentos en que se define el monitoreo ambiental sobre el río.