La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Hécto Timerman, para que “Ayuí n se convierta en una nueva Bonia”, se le agregaron ayer do nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia pen que presentó de oficio el fisc federal de Resistencia, Ben Antonio Pont, basándose en investigación que Tiempo Arg tino publicó el domingo 8 de ag to, y el proyecto que la legislad entrerriana Blanca Osuna sentará en el Senado para fr el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada p fiscal Benito Antonio Pont, a l tuvo acceso este diario, se pre ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el deecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “imresionante e intencionado” el lencio de muchos medios de omunicación respecto del concto generado por este proyecto olémico, en especial de los que rtenecen al Grupo Clarín, cuyo cepresidente, José Aranda, es uno los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.

El dato
Soros
El titular del Instituto Correntino de Agua y Ambiente, Mario Rujana, aseguró que Soros “desistirá”. “¿Quiere que le diga una cosa? Soros va a desistir del proyecto y se va a ir de Corrientes porque no acepta que sus emprendimientos queden en medio de conflictos”, afirmó.