Greenpeace consideró que el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable. La organización ecologista argumentó que el artículo 41 de la Constitución establece que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y que la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos –aprobada por la legislatura de Corrientes– se opone a la ley de bosques nacional.
La norma provincial permitió inundar unas 8000 hectáreas al clasificar a la zona ribereña del “Espinal” como de categoría “verde”.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, especifica tres categorías para evaluar la posibilidad de desmonte total o parcial, y ordena a las provincias que realicen un censo para garantizar la conservación contra el avance de las topadoras.
Greenpeace reclama que el área sea calificada como “roja” y evitar la explotación.
La just icia hizo lugar a una demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado y declaró inconstitucional y nulo el decreto provincial 1439 que establecía la clasificación de los montes. Según Greenpeace, pese a la resolución judicial, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley “exactamente igual al rechazado”.
En mayo de 2010, la legislatura correntina aprobó la norma y abrió la puerta emprendimiento arrocero.