Por primera vez, un proceso judicial iniciado en las denominadas Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNLP avanzó en los Tribunales y terminó con un beneficio para los litigantes, en este caso vecinos de un barrio periférico del sur del Conurbano.
Después de un complejo trabajo, de más de seis meses, la Comisión de Derechos Humanos del programa Clínicas Jurídicas de esa unidad académica presentó una demanda en el Palacio de Tribunales. En la misma solicitan la habilitación del servicio de cloaca y suministro de agua potable para el barrio La Rotonda de Florencio Varela. Allí la falta de estas prestaciones públicas básicas acarrea serios problemas de salud entre sus habitantes. Salió sorteado el juzgado que ya interviene en la causa: el Contencioso Administrativo nº 3, a cargo del Dr. Francisco Terrier, y el magistrado aceptó una medida cautelar para que se provea de agua potable a los vecinos, en tanto se resuelva la situación de fondo planteada en la demanda principal.
Desde hace dos meses, los vecinos de La Rotonda tienen agua potable a partir del reclamo solicitado por los abogados de la Clínica Jurídica.
Luego de varias gestiones, fue un dictamen del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba) el que expresó que le corresponde a la empresa Aguas Bonaerenses SA proveer el servicio de cloaca y agua al barrio porque la red estaba instalada pero no había sido habilitado el servicio. Las autoridades de la firma explicaron que el tendido de la red estaba en condiciones y que sólo faltaban los aspectos técnicos para llevar el servicio al interior de los domicilios. Los vecinos lograron agilizar ese trámite con el asesoramiento de los abogados de la UNLP. El grupo comenzó a estudiar el caso a mediados de 2009 cuando, por intermedio de un familiar de una pasante, supieron de la inquietud que tenían los vecinos del barrio La Rotonda.
Los integrantes de la Comisión de DDHH se dirigieron al lugar para tener una primera reunión con los vecinos, donde quedó evidenciada la larga historia de lucha conjunta, de reclamos no escuchados y de la falta de predisposición de las autoridades para resolver la problemática que conlleva vivir en un lugar con un alto índice de contaminación.
Jorge Martocci, director de la Clínica Jurídica, explicó que “la gran preocupación de los vecinos es la salud, de lo primero que nos hablan es del plomo en sangre y de que un 30 por ciento de los niños del barrio están enfermos, con márgenes superiores a los admitidos por la Organización de las Naciones Unidas”.
Los casos a tratar son planteados por los mismos miembros de la Clínica o por particulares: primero se realiza la preselección, luego se lo evalúa y finalmente se elige aquel que se llevará adelante. Una vez debatido el caso, se patrocinará al afectado ante los estrados judiciales y/o administrativos, o bien se emitirá una declaración pública, dictamen o propuesta legislativa fundada.
“Para mí fue un proceso extraordinario, iluminador. Este programa es en verdad un sistema donde confluyen el servicio real a la comunidad, y la formación jurídica: la práctica profesional, el razonamiento jurídico, la argumentación y la presencia, que en las situaciones comunes de nuestra carrera son casi nulas”, concluyó.