Finalmente esta tarde se llevará a cabo la audiencia pública donde se tratará el proyecto de ordenanza elaborado por UNE para declarar ocupantes legítimos a quienes están instalados en las tomas “Costanera” y “19 de Abril”, y que les permitirá a estas personas acceder a los servicio de luz y agua potable.
La medida despertó fuerte polémica en la ciudad ya que por un lado están los que apoyan el proyecto y por el otro quienes se oponen a rajatabla al mismo.
Un ejemplo de esta última situación es la postura del intendente Rubén Campos (MPN), quien afirma que la medida “es ilegal, y fue gestada entre gallos y medianoche”.
El jefe comunal propone la realización de una consulta popular para que los vecinos determinen si realmente quieren “legalizar una toma”.
A esto se suma que, según indicó Campos, “el gobierno nacional ya aprobó la realización del proyecto ejecutivo del paseo costanera, lugar donde hoy se encuentra una toma”.
Por su parte, la concejal Andrea Rosso (UNE) aseguró que el proyecto que lleva adelante su bloque viene de la mano de la propuesta realizada por los vecinos de las tomas “Costanera” y “19 de abril” respecto al acceso al agua potable y a la luz eléctrica.
Según se afirma desde el bloque de este partido político “esta ordenanza pretende ser una herramienta para que los vecinos puedan dirigirse ante el EPAS y el EPEN y tramitar los servicios de agua y luz”. Además se indica que “otro camino para logar la instalación del agua y la luz, hubiese sido que el Ejecutivo Municipal con el aval del Concejo Deliberante, lo solicite como propietario de las tierras. Pero, ya pasados dos inviernos y un verano con los riesgos para la salud que ello implica, no podemos seguir esperando la respuesta que hasta el día de hoy no se dio”.

Oposición
Quienes también salieron al ruedo a dar su opinión son un grupo de arquitectos y maestros mayores de obra quienes señalaron que “si bien entendemos la problemática social, no podemos dejar de manifestarnos respecto de las pseudo soluciones que plantea el mismo”.
“Estamos convencidos –agregan- que con la implementación de esta ordenanza, no se está dando una solución segura ni el acceso a una vivienda digna, ni a lotes con superficies que garanticen buenas condiciones de vida, sino que se refuerzan al crecimiento de un conglomerado precario que genera hacinamiento, y condiciones de insalubridad y riesgo social”.
“Además desde el punto de vista profesional no podemos avalar el proyecto de ordenanza ya que infringe todos los artículos del código de edificación, carta orgánica, leyes provinciales y nacionales ambientales, sin mencionar el precedente que se genera a futuro”, dicen en una nota los profesionales, para finalizar indicando que “exigimos (a los concejales) que se hagan responsables de la búsqueda de soluciones reales, legales y definitivas a esta problemática, para lo que nos encontramos dispuestos a colaborar. Y que como ciudadanos se hagan responsables de las consecuencias civiles y penales que puedan surgir en caso de que se apruebe esta ordenanza”.