El Concejo Deliberante de Concordia aprobó la semana pasada una resolución en la que rechaza “el proyecto de represamiento sobre el arroyo Ayuí Grande, uno de los más importantes afluentes del río Miriñay, que a su vez desemboca en el río Uruguay”. El mismo es impulsado por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, a través de su empresa Copra SA, y el magnate de origen húngaro, George Soros, para la plantación de arroz, con acuerdo del gobierno de Corrientes. “El desmonte y anegamiento de miles de hectáreas constituye un crimen ambiental”, señalaron los ediles en el texto aprobado.
Entre los considerandos del proyecto aprobado por unanimidad se destaca la información periodística que da cuenta de la iniciativa privada, “que pretende usar 20.000 hectáreas para la plantación de arroz en la localidad de Mercedes ubicada en el sur de la provincia de Corrientes”.
Se estima que “el desmonte y anegamiento de miles de hectáreas en la cuenca del arroyo Ayuí Grande en la provincia de Corrientes constituye un crimen ambiental, porque un río no puede ser represado por un particular para sembrar arroz”.
El particular en cuestión es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, a través de su empresa Copra SA, y el magnate de origen húngaro, George Soros, dueño de AdecoAgro. Se trata de un emprendimiento que apunta a levantar una represa sobre el arroyo Ayuí Grande para inundar una zona de ocho mil hectáreas, y después irrigar una superficie de 18 mil hectáreas, equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, dedicada a la producción de arroz.
Según el texto aprobado en el Concejo Deliberante local, que difundió Diario Río Uruguay, se trataría de “un proyecto privado que compra un río para represarlo y eliminar el bosque nativo, para sembrar el arroz que viene fumigado”. A ello suma que “es transgénico, porque para crecer necesita agrotóxicos”.
Asimismo, se indica que “el intento de privatizar un curso de agua para beneficiar a empresarios arroceros, no sólo perjudica a los demás productores que se encuentran río abajo, sino que podría tener también implicancias internacionales”.
También citan los ediles en los fundamentos de la norma, “los términos del Estatuto del Río Uruguay”, al que deberá someterse el proyecto “para evitar acusaciones futuras por parte de la República Oriental del Uruguay y sobre el impacto que causaría sobre el río”.
Asimismo, señalan que “sería la primera vez que un privado se apropia de un beneficio público”, por lo que “estamos regalando un espacio público” y agregan que “este atropello derivó en que la Defensoría del Pueblo de la Nación remitió un informe a la Legislatura de Corrientes advirtiendo sobre el impacto ambiental negativo que significa el emprendimiento”.
Para los ediles concordienses, el proyecto mediático empresarial “implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá”.
Finalmente, se plantea que “se conocen antecedentes de obras similares cuando el Estado las realiza como obra pública en beneficio de toda la población, para proveer electricidad, por ejemplo. Pero en este caso, son dos empresarios que se apropian de un río solamente con ánimo de lucro”.

El articulado textual de la resolución es el siguiente:
Artículo 1º.- Rechazar el proyecto de represamiento sobre el arroyo Ayuí Grande, uno de los más importantes afluentes del río Miriñay que a su vez desemboca en el río Uruguay que impulsan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, a través de su empresa Copra SA, y el magnate de origen húngaro, George Soros, para la plantación de arroz, con el acuerdo del gobierno de Corrientes, generando un gran impacto ambiental para la zona.
Artículo 2º.- Exhortar a las autoridades con competencia territorial provincial y nacional a evitar la continuidad del proyecto de construcción de una represa en el arroyo Ayuí Grande por los daños ambientales que causaría el mismo.
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente a los Concejos Deliberantes de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, en especial a los de la costa del Río Uruguay, a fin de que tomen igual postura, y a las Cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de adherir a la misma.