El juez federal Ariel Lijo recibirá en las próximas horas 21 cajas con 30.000 fojas donde consta toda la información sobre el proceso de licitación de Chihuido I. Una camioneta trasladará esta mañana las actuaciones (unos 200 kilos de papel) a Buenos Aires. Es la respuesta a un pedido de información que hizo el magistrado al gobernador Jorge Sapag, luego de las sospechas que sembraron diputados de la Coalición Cívica publicadas por el diario Clarín, a las que se sumaron las expresadas por el empresario Enrique Pescarmona.
Elías Sapag, presidente de Emprendimientos Hidroeléctricos (Emhidro), cuestionó enérgicamente a los legisladores que plantearon presuntos beneficios a favor de la unión transitoria de empresas que recibió la preadjudicación, conformada por Elecroigeniaría y la empresa de Cristóbal López (CPC).
Sapag, junto al cúmulo de cajas casi tan alto como él, dijo que la provincia solicitó una medida contracautelar al juez para que, en caso de haber denunciantes, se "pidan las garantías por los daños y perjuicios" que una hipotética demora del megaemprendimiento pudiera desencadenar.
El funcionario recalcó que la provincia no está denunciada por algún tipo de irregularidad. El pedido de información se desprende de una investigación seguida por el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner. Lijo pide, entre otros datos, una supuesta impugnación realizada por Pescarmona, titular de Impsa. "Pescarmona dijo que impugnó la licitación, y jamás lo hizo. Presentó recursos administrativos denegados", afirmó Sapag. Y agregó: "Su oferta era la menos conveniente".
Sobre este último punto, Sapag consideró, en medio de críticas al empresario, que "lo importante que tiene que entender el juez" es que no hubo una licitación pública, sino privada. Por eso no hubo precio de referencia o presupuesto oficial, ya que una de las variables para la adjudicación era cuánto estaba dispuesto a poner cada oferente para iniciar la construcción, con un mínimo del 30% del valor total. Sapag criticó al dueño de Impsa, al que acusó de mentir."Lo invité a varios debates públicos para que me desmienta pero nunca aceptó", dijo. Sapag informó que el banco Macro garantizó un crédito de u$s 150 millones por 6 meses "mientras se emitan los Valores Representativos de Deuda (VRD) necesarios para los $ 302 millones que la empresa preadjudicataria dijo que iba a disponer para que la UTE que ganó la preadjudicación asumiera parte de la construcción".