El 20 de agosto de 2000, los vecinos de Bahía Blanca se despertaron al borde de una tragedia ambiental. Una nube naranja cubría el cielo sobre el Polo Petroquímico más grande del país, situado a 7 kilómetros del centro de la ciudad, pero a metros de la población de Ingeniero White. La razón fue la rotura de un caño en la planta de Solvay Indupa y un escape de cloro que duró 25 minutos.
Aquella vez, hubo suerte: el viento soplaba hacia el mar y alejó la nube tóxica. Nueve días después, la atmósfera de la zona se impregnó de amoníaco por unas pruebas de producción de Profértil, la fábrica de urea para fertilizantes.
A diez años de ese accidente, los vecinos aseguran que sus vidas siguen en riesgo. Fundamentan sus temores en estudios que confirman la contaminación del agua y el aire.
Los trabajadores de la salud alertan sobre recurrentes problemas respiratorios y alérgicos en la población.
Hay ONG que denuncian la falta de fiscalización a las empresas del polo. En cualquier caso, el miedo se sostiene en lo que sucede a la vista de todos: miles de litros de combustibles circulando por día, toneladas de químicos acumulados con riesgo de explosión y los fuegos de la destilación que cada noche iluminan la ciudad.
El escape generó una redefinición de la política ambiental y la sanción de la Ley provincial 12.530, que trasladó el control al municipio bahiense y creó el Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental, cuyo ámbito de aplicación es el Polo Petroquímico y la zona portuaria. Dicho programa establece dos organismos encargados de monitorear la contaminación: el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y el de Control y Monitoreo, integrado por representantes de universidades, gremios y organizaciones sociales. Hoy, Fernando Rey Saravia, titular del CTE, reconoce que, más allá de los controles estrictos que ejerce el organismo, existe una contaminación del ambiente y de la ría que considera “inevitable”.
“La comunidad es muy reactiva, y gracias a eso se incrementaron los controles, pero hay ámbitos donde no podemos intervenir. Los que multan a las grandes empresas son los organismos provinciales”, explicó Rey Saravia.
El escape de 2000 creó conciencia entre los vecinos de Ingeniero White y varias ONG se crearon desde entonces: la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Vecinos por la Vida y Vecinos por la Costa son las más conocidas.
La primera de ellas se encarga de ejercer un registro exhaustivo de las actividades del Polo. Según la 20 de Agosto, sólo en los primeros cinco años después del escape se produjeron otros 30 incidentes de conocimiento público.
En este aniversario, como cada año, las organizaciones reiteraron su reclamo y exigieron seguridad: “Vivir en Ingeniero White es realmente muy difícil, los ruidos son constantes, los temblores, el olor.
Sabemos que se producen mini escapes y venteos. Las nubes blanco amarillentas que emanan de las chimeneas son nuestro techo. La molienda de semillas hace el aire irrespirable. Las afecciones respiratorias son frecuentes. Nuestras viviendas ya no valen, pero tributan impuestos igual”, dicen los vecinos en un comunicado.
De hecho, la caída de los precios inmobiliarios es una de las razones por las que la gente no puede irse del lugar. Juana Cubaile vive a 700 metros del Polo en una casa que le entregaron hace 26 años en un plan de vivienda. “Aunque me quiera ir no puedo. Yo tengo la suerte de trabajar lejos y no respirar este aire todo el día, pero el miedo a enfermarse siempre está”, contó a Tiempo Argentino.
El Dr. Carlos Carignano, del Área de Epidemiología Ambiental de la Municipalidad, aseguró que en Ingeniero White hay más enfermedades respiratorias de tipo inflamatorio que en cualquier otra zona y que “a pesar de que los trabajos no permiten inferir causalidad, uno puede decir que la principal problemática corresponde a las partículas sólidas, cuyo nivel sobrepasa los límites permitidos”.
Carignano aseguró que las partículas que están en suspensión en el aire o que el viento lleva son emitidas por las empresas granarias, y que en la zona industrialportuaria, así como en otras áreas de la ciudad, se produce una “sopa química” en la que se mezclan estos materiales con hidrocarburos y otras sustancias producidas en las plantas.
El médico Horacio Romano es uno de los pocos profesionales de la salud que reconoce públicamente un crecimiento de los cuadros alérgicos, respiratorios y de la piel.
“Lo increíble es el temor a hablar de esto y la negación por parte de las autoridades. La municipalidad subejecuta las partidas para el control ambiental”, comentó.
En la ría, que mide 45 millas naúticas, la Cámara de Pescadores gestionó sus propios análisis de la contaminación por el rechazo del municipio a aceptar el problema.
El informe que elaboraron contó con el asesoramiento del ingeniero químico José Maria Quintana, del Estudio de Tecnología de Mar del Plata, y detectó metales pesados e hidrocarburos en el agua de mar y en sedimentos de la zona interior Treinta incidentes - Contabilizaron las ONG desde agosto de 2000.
del estuario, así como valores de cadmio y plomo que superan los niveles permitidos en el país. “Hay hasta 30 kilos de hidrocarburo por cada tonelada de sedimento. Los peces comen del fondo de nuestra ría y su ingesta es cancerígena. Esto no es como Botnia. Acá tenemos como quince Botnias”, comentó Eduardo de Filippis, directivo de esa cámara.
Como el informe no fue reconocido por las autoridades, el edil Alejandro Curino pidió al Concejo Deliberante bahiense que se incluya a la Cámara de Pescadores en la reunión de la Subsecretaría de Gestión Ambiental con el CTE y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Curino argumentó que el informe fue elaborado por un laboratorio competente y que “la bioacumulación de metales pesados en tejidos de músculo de pescado en especies capturadas en la ría es más que evidente”.
Otros informes también avalan esta hipótesis. Un libro publicado por académicos de las Universidades de Florida y California incluye a Bahía Blanca como uno de los escenarios más contaminados de la región costera del Cono Sur.
El estudio, titulado Human Impacts on Salt Marshes: A Global Perspective, asegura que los sedimentos del estuario bahiense han sido fuertemente afectados por efluentes industriales, y evidencian una alta concentración de zinc, cobre y plomo. <


Los pescadores de la ría se quejan
Las 450 familias que se dedican a la pesca artesanal en la localidad de Ingeniero White ya habían denunciado años antes del escape la contaminación que producen las empresas del Polo Petroquímico en la ría. Empezaron increpando a las autoridades locales por la disminución de la actividad: en pocos años, las especies pasaron de 17 o 18 a sólo 6, y en cantidades menores.
En una ciudad de tradición obrera, hoy los pescadores son uno de los sectores que más resisten la contaminación de la ría y los que, en consecuencia, más han padecido la represión policial por sus medidas de lucha. “El ciudadano común no lo denunciaba por las presiones de las empresas. Nosotros estamos hartos de que nos nieguen la concentración de plomo, de mercurio, de hidrocarburos en los sedimentos y en el agua, cuando vemos todo el tiempo sus derrames y el estado en el que están los peces. El tema no es sólo dejar de contaminar, después hay que avanzar en la purificación. Si seguimos así, vamos a convertirnos en el Riachuelo”, sentenció Eduardo de Filippis, directivo de la Cámara de Pescadores.


La dependencia del Polo
La iniciativa de instalar el Polo Petroquímico se remonta a principios de la década de 1970, pero recién en 1981 comenzaron a operar dos de las plantas proyectadas y, cinco años después, sus plantas satélites. La composición de capital inicial se basó en una participación mayoritaria del Estado en Petroquímica Bahía Blanca y en sociedades mixtas con participación minoritaria del Estado para las plantas satélites, hasta los ’90, cuando el Polo se privatizó.
Los nuevos operadores, pertenecientes a grupos multinacionales, pusieron en marcha un plan de reestructuración mediante despidos, programas de retiro y tercerización de actividades complementarias que impactó enormemente en la población local. Por eso, se desarrollaron emprendimientos periféricos dedicados a atender las demandas comerciales y de servicios que tenían las empresas. Hoy se calcula que existen alrededor de 170 pymes que dedican el 80% de su facturación al Polo. Según un estudio publicado por la Universidad Nacional del Sur, la masa salarial abonada por las plantas del complejo duplica al gasto municipal en salarios.
La dependencia no se limita sólo a las fuentes de trabajo. Las ONG locales denuncian que luego de los escapes de 2000, las empresas han desplegado una política de clientelismo institucional para silenciar el descontento de la comunidad.
“Tienen una incidencia muy alta en la sociedad a través de campañas publicitarias, donaciones y convenios de pasantías y financiación de proyectos universitarios, cuya consecuencia es la falta de estudios sobre la contaminación”, dijo Gabriel Cena, periodista de FM de la Calle.


“El impacto ambiental es inevitable”
“Un gran polo muy pegado a la ciudad siempre implica una molestia –admite el doctor Fernando Rey Saravia, titular del Comité Técnico Ejecutivo de la Municipalidad de Bahía Blanca–. Independientemente de la calidad con que las empresas cuidan su proceso, los impactos son de distinta índole, en olores, ruidos, que no se pueden evitar con la tecnología disponible. Por la presión de la comunidad, se han tomado recaudos, se exigieron inversiones, como el tratamiento de afluentes liberados.
Pero el impacto ambiental y la contaminación son inevitables, tanto en el aire como en la ría.” –¿Cuál ha sido la respuesta desde el CTE? –El organismo nace de una crisis en la que el municipio le pide a la provincia controlar a las empresas.
Hemos podido gestionar una tasa ambiental muy alta que nos permite tener equipos de tecnología de punta, en un nivel igual al de las plantas. Tenemos además un laboratorio propio con el que hacemos mediciones de la evolución de las tendencias negativas y ejercemos un control muy estricto.
Me animaría a decir que no hay en Sudamérica un organismo como el nuestro. Pero hay ámbitos que nos exceden. El que renueva el permiso para operar y el que multa es el gobierno provincial. Nosotros labramos actas y las elevamos al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, pero no nos encargamos de las sanciones. Hoy las multas oscilan entre 2800 y 20 mil pesos.
–¿Qué es lo que sucede en el caso de la ría? –La protesta nace por la falta de pesca. Y es cierto que las empresas del polo afectan el ecosistema.
Pero no es el único factor. Casi toda la provincia viola la legislación y vierte sus residuos cloacales e industriales sin tratamiento allí.
El Instituto Argentino de Oceanografía advirtió que otro factor es la presión de la pesca de grande buques internacionales asentados en la costa. También está el puerto, que cada tanto necesita hacer dragados. Es un error imputarle la culpa sólo a las empresas.


Buques peligrosos
Cada invierno, el Polo Petroquímico es noticia por los trastornos en el suministro de gas y por las quejas de las grandes empresas.
En esta temporada, Profértil hizo una parada técnica, la química Dow interrumpió su labor en dos de sus cuatro plantas y la compañía Mega operó al 40% de su capacidad.
Para remediar esta falta, en invierno llegan los buques regasificadores con cargas de entre 30 y 60 mil toneladas de gas líquido.
Aunque los barcos vienen a saldar un problema que también afecta a la población, los vecinos dicen tener más miedo que el habitual a los riesgos de un escape o un derrame. En el año 2008, los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño, junto a ciudadanos y asociaciones ambientalistas de Bahía Blanca e Ingeniero White, intentaron frenar la llegada del buque belga Excelsior presentando un recurso de amparo a la justicia, en el que se advertía el peligro latente que entraña en varias áreas la instalación de estos buques.
El juez federal Alcindo Álvarez Canale, conocido por su vínculo con represores locales, resolvió no dar lugar al amparo. “La conclusión de la investigación de la fiscalía es que no hay reglas, no hay seguridades y, en estas condiciones, es totalmente vulnerable la seguridad de los bahienses. En la ciudad no existe un plan de contingencia ni de emergencia para hacer frente a algún tipo de accidente que ocurra durante la operatoria de los buques e, incluso, no hay hospitales en condiciones de hacer frente a un panorama de tal envergadura”, explicó el fiscal Cañón.