En medio del intento de la Argentina y Uruguay de domar el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), el Gobierno del radical Ricardo Colombi salió a ratificar ayer que «podría iniciarse en 20 días, de no mediar una orden judicial en contrario», la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande.
Se trata de una obra polémica, ya que para el Gobierno nacional podría tener efectos contaminantes y violaría el Tratado del Río Uruguay, por ser el Ayuí Grande un afluente del río Uruguay (a través del arroyo Miriñay).
De hecho, en los últimos días, el canciller Héctor Timerman salió a advertir que irá a la Justicia para frenar la construcción si comienzan las obras.
El proyecto Ayuí Grande incluye la construcción de una represa, que inundará 8 mil hectáreas en una zona cercana a los esteros del Iberá para destinarla al riego de plantaciones de arroz.
La iniciativa es impulsada por las empresas Copra SA (de José Aranda, vicepresidente de Clarín) y Adeco Agro (propiedad del millonario George Soros).
Según el ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, «legalmente está todo perfecto». «Ahora vamos a ver con qué argumentos se presentan a la Justicia y lo que sucede», agregó, en referencia a la anunciada embestida nacional.

Mala señal
El funcionario de Colombi también advirtió que si la iniciativa se traba «implicaría una muy mala señal para las inversiones de capitales» que planean llevar a Corrientes.
Según los ambientalistas locales, el emprendimiento arrocero provocaría daños al ecosistema, al afectar bosques nativos que quedarán bajo agua, mientras que productores ubicados río abajo temen perder el acceso al agua para asegurar el riego de sus propias tierras.
Por caso, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó en las últimas horas un proyecto de resolución en el que se oponen unánimemente a la construcción de la represa por su «gran impacto ambiental en la zona».