La defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, interpuso ayer una acción colectiva de amparo ambiental para evitar nuevos derrames de líquidos cloacales al lago Nahuel Huapi y requerir la adopción de un sistema de emergencia hasta que se concreten "las obras definitivas y estructurales" de Saneamiento.
La medida cautelar, presentada ante la Cámara Civil de Apelaciones, solicita que se ordene al DPA, la CEB, el municipio y el Codema la suspensión de toda nueva conexión al colapsado sistema de saneamiento y adopten medidas para "sanear la actual situación".
Piccinini destacó la gravedad del daño ambiental que provocan las deficiencias del servicio cloacal de la ciudad y que fue necesario recurrir a la justicia por la falta de respuesta de los gobiernos y los organismos invocados en la denuncia. "La Defensoría del Pueblo está trabajando en esto desde 2008", recordó.
La presentación, acompañada por dos abogados locales, se formalizó un día después de que la CEB anunciara las gestiones iniciadas ante el Enhosa para financiar el nuevo plan Director de Saneamiento de la ciudad.
La operadora hizo público, además, el compromiso del senador Miguel Pichetto de requerir al Congreso la incorporación al presupuesto 2011 de las partidas necesarias para las futuras obras de infraestructura.
La medida cautelar solicita que se ordene a la municipalidad la obligación de exigir sistemas de "saneamiento propio de almacenamiento y tratamiento de residuos cloacales" o un sistema de contingencia a toda habilitación comercial destinada a alojamiento o instalación industrial ubicadas en las "áreas que se determinen como críticas".
Además requiere a los jueces que prohíban a la CEB "la conexión de nuevos servicios cloacales que conlleven a agravar la capacidad de la denominada 'Colectora Oeste' hasta que se concrete el plan de emergencia y luego permitir solo conexiones domiciliarias, excluyendo expresamente alojamientos, industrias u organismos del Estado".