“Al ver que distintos medios y organizaciones de ambientalistas están preocupados por este tema del Ayuí, promoví un requerimiento de instrucción penal para investigar el tema en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de la doctora Mabel Borda, quien con muy buena predisposición dio acogida a la presentación que efectué y me delegó la investigación, por lo cual estamos avanzando en ello”, afirmó Pont.
En declaraciones radiales, el fiscal detalló que ordenó “a la Gendarmería que se constituya en el lugar e identifique a los dueños de los campos ribereños e identifique a los responsables del proyecto, si es que lo hubiere, y en qué estado se encuentra”.
Por su parte, la senadora entrerriana Blanca Osuna, quien acaba de presentar un proyecto de declaración a fin de rechazar el controvertido emprendimiento, calificó de “auspiciosa” la decisión del fiscal y recordó que fue justamente Pont quien años atrás intervino en un caso similar en el que un productor arrocero había levantado un terraplén sobre el Río Miriñay para irrigar sus plantaciones.
En diálogo con Tiempo Argentino, Osuna cruzó al ministro de la producción correntino, quien indicó que las obras comenzarán en unos 20 días y aseguró que “eso dependerá de la fuerza que le ponga la comunidad para detener este proyecto que transgredió todo tipo de normas provinciales, nacionales e internacionales”.
“Lo que sí me preocupa –confesó la senadora– es que legisladores como (Fernando “Pino”) Solanas y (Miguel) Bonasso, que tanto micrófono y centímetros de prensa han ocupado en sentar posición con respecto a los glaciares y la minería a cielo abierto, algo que lógicamente respaldamos, sin embargo han callado, hecho la vista gorda, se están desentendiendo de pronunciarse sobre este tema.” Consultada acerca de los motivos del desentendimiento, Osuna indicó que “quizás consideran que no es conveniente comprometerse frente al conflicto de intereses que supone el choque de intereses de los ciudadanos afectados y los intereses económicos de Aranda y Soros”.