El cuerpo de concejales de Ushuaia llevó adelante ayer la 9º sesión ordinaria de este año, a partir de las 11 en el recinto de sesiones denominado “Jorge Omar Retamar”.
Durante la sesión, el espacio denominado Banca del Vecino fue utilizado por uno de los trabajadores de una planta potabilizadora de la ciudad, Hernán Bello. El trabajador, acompañado por su letrado representante, Guillermo Gowland, dio cuenta del estado actual del agua que la comunidad consume a través del servicio que presta la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).
Según indicó Bello, “el agua que estamos tomando no es potable”, respaldando su afirmación en el conocimiento que tiene después de varios años de trabajo en el tratamiento del agua que se reparte a la ciudad, y un dictamen de la fiscal Marcela Bragulat, efectuado el 5 de agosto pasado, en que la letrada informó que “la información de la DPOSS no es confiable, y se trata de la salud de toda la población, un derecho fundamental”, a partir de que se hallaran cantidades de boro, mercurio y otros compuestos químicos que superan en hasta un 700% los parámetros del Código Alimentario Argentino. “Hablamos con conocimiento de causa”, señaló Bello.
Al respecto, el concejal Juan Carlos Pino expresó que “esto nos deja sumamente preocupados, y pensamos que debe tomar intervención la Legislatura, la Gobernadora y hasta el Municipio, porque es un tema que nos afecta a todos por igual”.
Asimismo, el edil señaló que “si el Gobierno Provincial tiene un presupuesto de $2600 millones, y el Municipio cuenta con un presupuesto de $280 millones, debería hacerse el análisis de potabilidad del agua donde corresponde, para dar tranquilidad a la población”.
A partir de ello, el cuerpo de concejales resolvió enviar una minuta de comunicación al presidente de la DPOSS, Juan Carlos Albers, solicitándole que se extienda al Concejo Deliberante un análisis químico, físico–químico y microbiológico del agua, y la comparación con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino para su consumo.
“Esto trae serios problemas para la salud, y la gente está optando por comprar agua mineral, pero algunos pueden hacerlo y otros no”, sostuvo Pino, para agregar que “además la gente sigue pagando la factura de la DPOSS, sin recibir el servicio como corresponde, y sufriendo los cortes en el servicio”. Por otro lado, el concejal justicialista aclaró que “no existe una solución de un día para otro, pero consideramos que se debe informar a la comunidad si el agua es potable o no”, por ello “aspiramos a que se conteste rápidamente el pedido que hicimos al Titular de la DPOSS”.

“Sistema de localización y vigilancia electrónica”
El cuerpo de concejales aprobó además la implementación del sistema municipal de localización y vigilancia electrónica de vehículos de transporte público de pasajeros. La iniciativa presentada por el bloque oficialista en acuerdo con los choferes de taxi establece que el sistema estará a cargo de Defensa Civil Municipal y la Asociación de Propietarios de Taxis de Ushuaia, y no podrá ser utilizado como elemento de control horario del servicio público de transporte evitando generar conflictos entre las partes.
Asimismo, el proyecto indica que todo requerimiento de implementación de nuevos elementos tecnológicos será mediante consenso con la Municipalidad y de acuerdo a las posibilidades económicas, además de los avances tecnológicos que otorguen las empresas de comunicaciones.
Tras la sanción de la ordenanza, la concejal Adriana Chapperón explicó que a partir de la promulgación, será obligatorio para el servicio de taxis y colectivos la implementación del sistema de GPS, que en el caso de los taxis será comprado por los licenciatarios, y posteriormente compensado por parte del Ejecutivo a través del descuento en la Tasa de actividades de Industria y Comercio e impuesto automotor del próximo año, mientras que el software para el seguimiento de los equipos será adquirido por el propio Municipio.
“El sistema cuenta además con botón anti pánico podrán accionar los trabajadores del volante ante una emergencia, y la normativa prevé que se agreguen nuevos elementos tecnológicos que mejoren el sistema con acuerdo de ambas partes”, agregó la edil, y consideró que “este es un muy buen paso, dado todo lo que se ha hablado sobre la seguridad. Han podido ponerse de acuerdo el Ejecutivo Municipal, el Provincial y los trabajadores, y se invita a las agencias de remises a que adhieran al sistema”.
“Esperamos que esta iniciativa contribuya a dar tranquilidad a los trabajadores y a la población en general”, concluyó.

Fondo voluntario para infraestructura escolar municipal
Por otro lado, los ediles sancionaron por unanimidad la creación del Fondo para Infraestructura Escolar Municipal, que será conformado por la donación voluntaria de los padres, docentes y todas las personas interesadas en realizar aportes a una cuenta específica que será habilitada para uso exclusivo de fondos para ampliaciones y reformas edilicias en las escuelas experimentales del Municipio.
Los fondos no podrán ser utilizados para la adquisición de material didáctico o el pago de salarios del personal docente, y se conformará un Consejo Asesor que controlará el ingreso y la salida de dinero, además de los usos que se de a los recursos.